Cómo justificar una valoración ante inversores o la administración tributaria

Defender una valoración no consiste solo en llegar a una cifra: consiste en poder explicar, con datos, método y coherencia económica, por qué esa cifra representa razonablemente el valor de una empresa, unas participaciones sociales, un activo intangible, un préstamo intragrupo o una operación entre partes vinculadas. La exigencia cambia según el destinatario: un inversor analizará la rentabilidad esperada, los riesgos y la calidad de las hipótesis; la Administración tributaria revisará si el valor declarado se ajusta a la normativa fiscal aplicable, al valor de mercado y a la documentación exigible.

En compraventas, ampliaciones de capital, entrada de socios, reestructuraciones, herencias, donaciones, separación de socios u operaciones vinculadas, una valoración mal documentada puede generar conflictos societarios, ajustes fiscales, sanciones o pérdida de credibilidad ante potenciales financiadores. Por eso, contar con un informe de valoración de empresa sólido no es un trámite: es una herramienta de negociación y defensa. En ACTTAX ayudamos a empresas, socios e inversores a preparar valoraciones defendibles desde una perspectiva financiera, fiscal y documental.

Por qué es tan importante justificar correctamente una valoración

Una valoración puede utilizarse para negociar con inversores, fijar el precio de una transmisión, calcular la participación de un nuevo socio, documentar una operación vinculada, justificar una aportación no dineraria o defender el valor declarado ante Hacienda. En todos estos escenarios, la cifra final debe estar respaldada por un razonamiento verificable.

La diferencia entre una valoración orientativa y una valoración defendible está en la trazabilidad: debe poder reconstruirse cómo se ha llegado al resultado, qué información se ha usado, qué método se ha elegido, qué hipótesis se han aplicado y por qué se han descartado alternativas. Si el informe no permite esa reconstrucción, será débil ante una due diligence, una inspección tributaria o una discrepancia entre socios.

En el ámbito fiscal español, esta cuestión es especialmente relevante en operaciones vinculadas. El artículo 18 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, establece que las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas deben valorarse por su valor de mercado, entendido como aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia. Esta regla afecta, entre otras, a operaciones entre sociedades del mismo grupo, socios y sociedades, administradores, entidades familiares, préstamos intragrupo, cesiones de activos, servicios de dirección, alquileres, royalties o transmisiones de participaciones.

Si la valoración se prepara para una ronda de inversión, el foco estará en la capacidad de generación futura de caja, el crecimiento, el riesgo, el mercado, la escalabilidad y la rentabilidad esperada. Si se prepara para la Administración tributaria, además de lo anterior, habrá que alinear la metodología con la normativa fiscal aplicable, especialmente cuando exista vinculación o cuando el valor declarado tenga impacto en impuestos como el Impuesto sobre Sociedades, IRPF, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o Impuesto sobre el Patrimonio. En tributos cedidos, como Sucesiones y Donaciones o Transmisiones Patrimoniales, además, pueden intervenir criterios y gestión de la comunidad autónoma competente.

Qué espera ver un inversor en una valoración

Un inversor profesional no suele aceptar una valoración porque “parezca razonable”. La analiza desde una lógica de riesgo-retorno. Quiere entender qué compra, qué derechos adquiere, qué potencial de crecimiento existe, qué protección tiene frente a escenarios adversos y cuál puede ser su rentabilidad futura.

En una valoración orientada a inversores, los elementos más relevantes suelen ser los siguientes:

• Modelo de negocio: cómo genera ingresos la empresa, qué margen obtiene, qué costes son fijos o variables y qué grado de recurrencia tienen las ventas.
• Mercado objetivo: tamaño del mercado, competencia, barreras de entrada, posicionamiento y capacidad real de crecimiento.
• Histórico financiero: ventas, EBITDA, beneficio neto, flujo de caja, deuda, inversión necesaria y evolución de márgenes.
• Proyecciones: hipótesis de crecimiento, rentabilidad, inversión, circulante y financiación.
• Riesgos: dependencia de clientes, concentración de proveedores, riesgos regulatorios, litigios, equipo directivo, tecnología o propiedad intelectual.
• Comparables: múltiplos de compañías similares, transacciones recientes o referencias sectoriales.
• Uso de fondos: en ampliaciones de capital, qué se hará con el dinero aportado y cómo impactará en el valor futuro de la compañía.
• Condiciones de la inversión: preferencia de liquidación, derechos de arrastre y acompañamiento, cláusulas antidilución, vesting, pactos de permanencia o derechos de información.

En startups o empresas de alto crecimiento, la valoración suele apoyarse más en hipótesis futuras, métricas comerciales, escalabilidad, retención de clientes, coste de adquisición, valor de vida del cliente y potencial de mercado. En empresas maduras, ganan peso los flujos de caja, el EBITDA, la deuda financiera neta, los activos, los dividendos y la estabilidad del negocio.

Para preparar una negociación sólida, puede ser conveniente solicitar una valoración de empresas que combine análisis financiero, visión fiscal y sensibilidad ante distintos escenarios. La finalidad no es inflar el valor, sino justificarlo de forma creíble y anticipar las preguntas que harán inversores, socios o asesores legales.

Qué revisa la Administración tributaria cuando analiza una valoración

La Administración tributaria no analiza una valoración con la misma lógica que un inversor. Su preocupación principal es comprobar si el valor utilizado en una operación tiene sustancia económica, si se ajusta a la normativa aplicable y si no se ha usado para trasladar rentas, reducir bases imponibles o alterar indebidamente la tributación.

En una comprobación tributaria, Hacienda puede revisar, entre otras cuestiones:

• Si existe vinculación entre las partes conforme al artículo 18.2 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades.
• Si el precio pactado coincide con el valor de mercado.
• Si el método de valoración elegido es adecuado para la operación concreta.
• Si existen comparables internos o externos fiables.
• Si las hipótesis financieras son razonables y se corresponden con la información disponible en la fecha de valoración.
• Si la documentación se ha preparado en plazo y contiene el detalle exigido por el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.
• Si el valor declarado coincide con la realidad económica de la operación.
• Si contratos, facturas, contabilidad, actas societarias, declaraciones fiscales y pagos bancarios son coherentes entre sí.

La documentación cobra especial importancia en las operaciones vinculadas. El Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, desarrolla en sus artículos 13 a 16 las obligaciones de información y documentación sobre entidades y operaciones vinculadas. Además, el artículo 17 regula el análisis de comparabilidad y el artículo 18 contempla reglas específicas para determinar el valor de mercado en determinadas operaciones.

Por tanto, si una sociedad transmite participaciones a un socio, concede un préstamo a una entidad del grupo, paga servicios de dirección, cede un intangible o realiza una reestructuración, no basta con firmar un contrato: debe existir una justificación económica y documental del valor utilizado. En caso de duda, conviene hablar con un asesor fiscal antes de ejecutar la operación, no cuando ya se ha iniciado una comprobación.

Normativa clave para defender una valoración en España en 2026

La normativa aplicable dependerá del tipo de operación y del impuesto afectado. No es lo mismo valorar una sociedad para una ronda de inversión que justificar la transmisión de participaciones entre partes vinculadas, valorar una empresa familiar para una sucesión, documentar un préstamo intragrupo o defender el valor de mercado de un activo intangible. Aun así, existen referencias normativas esenciales que deben considerarse.

Ley del Impuesto sobre Sociedades

La norma central en materia de operaciones vinculadas es el artículo 18 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades. Este precepto establece la obligación de valorar las operaciones vinculadas por su valor de mercado, regula los supuestos de vinculación, enumera los métodos de valoración aceptados y contempla el régimen de documentación y sanciones.

Entre los métodos admitidos por el artículo 18.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades se encuentran:

La elección del método debe atender a la naturaleza de la operación, la disponibilidad de información fiable y el grado de comparabilidad. En la práctica, esto obliga a justificar no solo el método elegido, sino también por qué es más adecuado que otros posibles.

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades

El Real Decreto 634/2015 desarrolla las obligaciones documentales. El artículo 13 regula los elementos generales de información y documentación; el artículo 15, la documentación específica del grupo; y el artículo 16, la documentación específica del contribuyente. Esta última debe incluir, entre otros elementos, información sobre la estructura de dirección, descripción de actividades, estrategia de negocio, principales competidores, descripción detallada de las operaciones vinculadas, identificación de las partes, análisis de comparabilidad y método de valoración utilizado.

La documentación no debe prepararse de forma genérica. Un informe que no describa funciones, activos y riesgos, que no explique la búsqueda de comparables o que no conecte las hipótesis con la realidad de la empresa puede ser insuficiente. En operaciones relevantes, ACTTAX puede ayudar a preparar la documentación de precios de transferencia necesaria para reducir riesgos fiscales.

Modelo 232 y obligaciones informativas

El modelo 232 es la declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con países o territorios calificados como jurisdicciones no cooperativas. Fue aprobado por la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto.

Con carácter general, para ejercicios cuyo período impositivo coincida con el año natural, el plazo de presentación del modelo 232 correspondiente al ejercicio 2025 es del 1 al 30 de noviembre de 2026. Si el período impositivo no coincide con el año natural, el plazo es el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

No todas las operaciones vinculadas deben declararse en el modelo 232, pero sí deben analizarse los umbrales y supuestos específicos. Por ejemplo, la normativa contempla obligaciones de información en función del importe conjunto de operaciones con la misma persona o entidad vinculada, operaciones específicas, operaciones del mismo tipo y método, y operaciones relacionadas con determinados activos intangibles. Debido a la casuística, es recomendable revisar cada caso con especialistas en presentación y asesoramiento del modelo 232.

Directrices OCDE sobre precios de transferencia

En operaciones internacionales entre entidades asociadas, las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia son una referencia esencial. La edición de 2022 incorpora criterios sobre el principio de plena competencia, análisis de comparabilidad, operaciones financieras, intangibles de difícil valoración y métodos de precios de transferencia.

Estas directrices son especialmente relevantes para grupos multinacionales, préstamos intragrupo, garantías, cash pooling, royalties, servicios de gestión, acuerdos de reparto de costes y transmisión o cesión de intangibles. Aunque la normativa española es la que determina las obligaciones fiscales en España, la Administración tributaria utiliza los criterios OCDE como referencia interpretativa en materia de precios de transferencia.

Cómo construir una valoración defendible paso a paso

1. Definir la finalidad de la valoración

El primer paso es concretar para qué se valora. La finalidad condiciona la fecha de valoración, la base de valor, el método aplicable y el nivel de documentación necesario. No es igual valorar una empresa para captar inversión que hacerlo para una transmisión entre socios, una liquidación, una herencia, una aportación no dineraria o una operación vinculada.

Una valoración para inversores puede admitir escenarios de crecimiento ambiciosos si están bien argumentados. Una valoración con impacto fiscal exige mayor prudencia documental y alineación con el valor de mercado. Una valoración para conflicto entre socios debe ser especialmente neutral y explicativa, porque probablemente será revisada por abogados, peritos o incluso por un juez.

Por eso, antes de empezar conviene fijar por escrito:

• Finalidad de la valoración.
• Fecha exacta de valoración.
• Sociedad, activo o participaciones objeto de análisis.
• Porcentaje valorado y existencia de primas o descuentos.
• Hipótesis de continuidad o liquidación.
• Restricciones a la transmisión, pactos de socios o derechos preferentes.
• Normativa fiscal, contable o societaria aplicable.

2. Reunir información financiera suficiente

Una valoración sólida empieza con datos fiables. Como mínimo, deberían revisarse las cuentas anuales, balances, cuentas de pérdidas y ganancias, libros contables, impuestos presentados, detalle de deuda, contratos relevantes, cartera de clientes, nóminas, inmovilizado, contingencias y previsiones de negocio.

En empresas no auditadas, pymes o sociedades familiares, es frecuente que existan gastos no recurrentes, retribuciones de socios no normalizadas, operaciones con partes vinculadas, inmuebles afectos, préstamos de socios o activos no operativos. Si no se ajustan correctamente, la valoración puede quedar distorsionada.

Un buen informe debe explicar los ajustes realizados sobre el EBITDA, el beneficio neto, la deuda financiera neta, el capital circulante y los activos no operativos. Estos ajustes son especialmente importantes en una valoración de empresa familiar, donde pueden mezclarse elementos empresariales, patrimoniales y personales.

3. Analizar funciones, activos y riesgos

En fiscalidad internacional y operaciones vinculadas, el análisis funcional es clave. Consiste en identificar qué hace cada parte, qué activos utiliza y qué riesgos asume. Este análisis permite determinar si la remuneración asignada a cada entidad es coherente con su contribución económica.

Por ejemplo, una sociedad que solo presta servicios administrativos rutinarios no debería obtener la misma rentabilidad que otra que desarrolla tecnología, asume riesgos comerciales, financia la actividad y posee intangibles estratégicos. Del mismo modo, una entidad que concede un préstamo intragrupo debe analizar el riesgo de crédito, plazo, garantías, moneda, subordinación y capacidad de devolución del prestatario.

En operaciones financieras dentro de un grupo, ACTTAX puede ayudar a documentar préstamos intragrupo con criterios de mercado, evitando que la Administración cuestione el tipo de interés, la deducibilidad del gasto financiero o la realidad económica de la operación.

4. Elegir el método de valoración adecuado

El método debe elegirse en función del tipo de empresa, la finalidad del informe, la disponibilidad de información y la naturaleza de la operación. En valoración de empresas, los métodos más utilizados son:

• Descuento de flujos de caja: estima el valor actual de los flujos futuros esperados. Es útil cuando existen proyecciones razonables y capacidad de generación de caja.
• Múltiplos de mercado: compara la empresa con compañías similares o transacciones comparables mediante ratios como EV/EBITDA, EV/ventas o PER.
• Valor patrimonial ajustado: parte del patrimonio neto y ajusta activos y pasivos a valor razonable. Es relevante en sociedades patrimoniales o intensivas en activos.
• Métodos mixtos: combinan rentabilidad y patrimonio, aunque deben utilizarse con cautela y explicar claramente su lógica.
• Métodos específicos de precios de transferencia: aplicables a operaciones vinculadas conforme al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

No existe un método universalmente superior. Una empresa tecnológica con alto crecimiento puede requerir descuento de flujos y escenarios. Una sociedad inmobiliaria puede exigir valor patrimonial ajustado. Una empresa industrial madura puede valorarse mediante flujos y múltiplos. Una transmisión de participaciones entre entidades vinculadas puede requerir además análisis de comparabilidad y documentación fiscal específica.

Cuando el objeto de la operación son participaciones de una sociedad limitada, resulta especialmente relevante analizar derechos económicos, derechos políticos, restricciones estatutarias, pactos de socios, descuentos por minoría y falta de liquidez. Para estos casos, puede solicitarse una valoración de participaciones sociales adaptada a la operación concreta.

5. Justificar las hipótesis clave

La Administración, un inversor o un socio discrepante no suelen discutir solo el método, sino las hipótesis. Un descuento de flujos de caja puede ser técnicamente correcto y, aun así, llegar a un valor poco defendible si las ventas previstas son irreales, los márgenes no tienen soporte, la tasa de descuento es demasiado baja o no se contempla la inversión necesaria.

Entre las hipótesis que deben justificarse se encuentran:

• Crecimiento de ingresos.
• Margen bruto y EBITDA.
• Gastos de personal y estructura.
• Inversiones futuras.
• Necesidades de circulante.
• Tasa de descuento.
• Tasa de crecimiento a perpetuidad.
• Deuda financiera neta.
• Contingencias fiscales, laborales o legales.
• Probabilidad de escenarios alternativos.

Las hipótesis deben apoyarse en datos históricos, contratos, presupuestos aprobados, evolución sectorial, comparables, documentación interna o información externa fiable. No basta con afirmar que la empresa crecerá: hay que explicar por qué, con qué recursos, en qué mercado y con qué riesgos.

6. Preparar análisis de sensibilidad

Una valoración defendible no debería presentar un único número como si fuera una verdad absoluta. El valor de una empresa depende de variables inciertas. Por eso es recomendable mostrar rangos de valor y análisis de sensibilidad.

Por ejemplo, en un descuento de flujos puede analizarse cómo cambia el valor si varía la tasa de descuento, el crecimiento esperado, el margen EBITDA o la inversión necesaria. En una valoración por múltiplos, puede mostrarse un rango bajo, medio y alto en función de comparables seleccionados. En operaciones vinculadas, puede utilizarse un rango de plena competencia si la comparabilidad lo permite.

Este enfoque transmite rigor. Un inversor lo valorará positivamente porque permite entender los riesgos. La Administración tributaria también puede considerar más razonable una valoración que explica rangos y supuestos que otra que ofrece una cifra cerrada sin análisis crítico.

Cómo justificar una valoración en operaciones vinculadas

Las operaciones vinculadas requieren un nivel de cautela superior porque la Administración puede presumir que las partes no han negociado en condiciones plenamente independientes. Por eso, el contribuyente debe poder demostrar que el precio pactado coincide con el valor de mercado.

En la práctica, la justificación debe incluir:

• Identificación de las partes vinculadas.
• Descripción detallada de la operación.
• Importe, fecha, condiciones contractuales y forma de pago.
• Análisis funcional de cada parte.
• Identificación de comparables internos o externos.
• Método de valoración elegido y motivo de elección.
• Cálculos realizados.
• Contratos, facturas, acuerdos societarios y documentación soporte.
• Conclusión sobre el valor de mercado.

El artículo 18.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece obligaciones de documentación para las personas o entidades vinculadas, con determinadas excepciones y reglas de simplificación. Entre otros supuestos, la propia Ley prevé que no será exigible la documentación específica para operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada cuando el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere 250.000 euros, de acuerdo con el valor de mercado, sin perjuicio de las excepciones y operaciones específicas previstas en la norma.

Esto no significa que las operaciones inferiores a ese umbral puedan valorarse libremente. La regla de valor de mercado sigue aplicando. La diferencia está en el alcance de la obligación documental específica. Por ello, incluso cuando no exista obligación formal completa, es recomendable conservar soporte suficiente del precio pactado.

Además, el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades contempla un régimen sancionador específico para determinadas infracciones relacionadas con la documentación de operaciones vinculadas y con la valoración aplicada. En función del caso, también pueden entrar en juego las infracciones tributarias generales reguladas en los artículos 191 y siguientes de la Ley 58/2003, General Tributaria. Por esta razón, la defensa documental no debe plantearse solo como una formalidad, sino como una medida de prevención fiscal.

En ACTTAX trabajamos la valoración de operaciones vinculadas de forma coordinada con la documentación fiscal, para que el informe no sea solo financiero, sino también útil ante una eventual comprobación tributaria.

Valor fiscal, valor contable y valor de mercado: no siempre coinciden

Uno de los errores más frecuentes es confundir el valor contable con el valor fiscal o con el valor económico de mercado. El patrimonio neto que aparece en el balance puede ser una referencia, pero no siempre refleja la capacidad real de generar beneficios, el valor de activos no contabilizados, la existencia de plusvalías latentes o el impacto de riesgos ocultos.

En transmisiones de participaciones no cotizadas realizadas por personas físicas, el artículo 37.1.b de la Ley 35/2006, del IRPF, establece reglas específicas para determinar el valor de transmisión cuando no se pruebe que el importe efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado. En ese caso, la norma toma como referencia, al menos, determinados valores calculados a partir del patrimonio neto o de la capitalización de resultados, según los datos de la propia sociedad.

En el Impuesto sobre el Patrimonio, el artículo 16 de la Ley 19/1991 regula la valoración de participaciones no negociadas en mercados organizados. Con carácter general, cuando el balance haya sido auditado y el informe de auditoría resulte favorable, la valoración se realiza por el valor teórico resultante del último balance aprobado; en otros casos, deben considerarse las reglas previstas en dicho artículo, que pueden llevar a comparar nominal, valor teórico y capitalización de beneficios.

En Sucesiones y Donaciones, el artículo 9 de la Ley 29/1987 determina la base imponible por el valor neto de la adquisición individual, con referencia al valor de los bienes y derechos adquiridos y a las cargas y deudas deducibles conforme a la norma. Al tratarse de un tributo cedido, la gestión, reducciones, bonificaciones y determinados criterios prácticos pueden depender de la comunidad autónoma competente. Si la operación afecta a empresa familiar, participaciones sociales o inmuebles, conviene revisar el caso de forma individual antes de declarar un valor.

Valoraciones ante socios, inversores y conflictos societarios

Las discrepancias de valoración son habituales cuando entra un nuevo inversor, se separa un socio, se transmite una participación minoritaria o se reorganiza una empresa familiar. En estos casos, además del análisis financiero, importan los derechos concretos asociados a las participaciones.

No vale lo mismo una participación mayoritaria con control efectivo que una participación minoritaria sin capacidad de decisión. Tampoco es igual una participación libremente transmisible que otra sometida a restricciones estatutarias, derechos de adquisición preferente o pactos de socios. Estos elementos pueden justificar primas de control o descuentos por iliquidez y minoría, siempre que se expliquen adecuadamente.

En una valoración de empresa para socios, el informe debe ser especialmente claro en la fecha de valoración, la información utilizada, los ajustes aplicados y las limitaciones del trabajo. Si existe conflicto, conviene evitar hipótesis excesivamente optimistas o criterios que parezcan diseñados para favorecer a una de las partes.

Errores frecuentes que debilitan una valoración

Muchos informes de valoración fallan no por el cálculo matemático, sino por la falta de coherencia documental. Estos son algunos errores habituales:

• No fijar una fecha de valoración: el valor puede cambiar sustancialmente según el momento considerado.
• Usar proyecciones sin soporte: previsiones de ventas o márgenes no conectadas con contratos, histórico o mercado.
• Ignorar deuda y contingencias: el valor del negocio no equivale automáticamente al valor de las participaciones.
• No normalizar resultados: gastos extraordinarios, sueldos de socios o ingresos no recurrentes pueden distorsionar el EBITDA.
• Aplicar múltiplos sin comparabilidad: comparar empresas de distinto tamaño, país, riesgo o modelo de negocio puede llevar a conclusiones erróneas.
• No documentar operaciones vinculadas: especialmente en servicios intragrupo, préstamos, alquileres, royalties o transmisiones de activos.
• Confundir valor contable y valor de mercado: el patrimonio neto contable no siempre refleja el valor económico real.
• No contemplar impuestos: una operación puede tener impactos en Impuesto sobre Sociedades, IRPF, IVA, ITPAJD, ISD o retenciones.
• No revisar la coherencia societaria: actas, acuerdos de junta, pactos de socios y contratos deben estar alineados con la valoración.

Estos errores pueden corregirse si la valoración se plantea desde el principio con una metodología adecuada. Si la operación ya se ha realizado y la Administración solicita explicaciones, la defensa será más compleja, aunque todavía puede prepararse documentación de soporte si existen datos objetivos suficientes.

Qué debe contener un informe de valoración defendible

Un informe de valoración útil ante inversores o Hacienda debe ser claro, completo y trazable. No tiene que ser innecesariamente complejo, pero sí debe permitir que un tercero entienda el razonamiento aplicado.

Como mínimo, debería incluir:

• Objeto y finalidad del informe.
• Fecha de valoración.
• Identificación de la sociedad, activo u operación valorada.
• Información analizada y limitaciones.
• Descripción del negocio y del sector.
• Análisis financiero histórico.
• Ajustes sobre la información contable.
• Metodología aplicada y justificación de su elección.
• Hipótesis principales.
• Cálculos detallados.
• Análisis de sensibilidad o rangos de valor.
• Conclusión razonada.
• Anexos documentales, comparables y fuentes utilizadas.

Cuando la valoración tenga implicaciones fiscales, también debe incorporar referencias normativas, análisis de vinculación si procede, justificación del valor de mercado y conexión con las obligaciones de documentación o información. En operaciones complejas, puede ser conveniente coordinar el informe con abogados, auditores o asesores fiscales especializados. ACTTAX cuenta con un equipo orientado a empresas que necesitan una visión integral de asesoría fiscal, contable y valoración.

Valoración de intangibles, tecnología y negocios digitales

Las valoraciones de intangibles son especialmente sensibles. Marcas, software, bases de datos, know-how, patentes, algoritmos, carteras de clientes o tecnología propia pueden concentrar una parte muy relevante del valor de una empresa, pero también son difíciles de medir.

Desde una perspectiva de precios de transferencia, las Directrices OCDE prestan especial atención a los intangibles y a la necesidad de alinear la remuneración con la creación real de valor. No basta con que una entidad sea titular jurídica de un intangible: hay que analizar quién lo desarrolla, mejora, mantiene, protege y explota, así como quién asume los riesgos económicamente significativos.

En empresas tecnológicas o negocios digitales, la valoración debe considerar métricas específicas: ingresos recurrentes, churn, coste de adquisición de cliente, margen bruto, escalabilidad, dependencia tecnológica, propiedad del código, protección jurídica de los activos, equipo desarrollador y riesgos regulatorios. Las herramientas de análisis avanzado e inteligencia artificial pueden ayudar a ordenar datos, detectar inconsistencias y generar escenarios, aunque la conclusión debe ser siempre revisada por profesionales. En ACTTAX aplicamos soluciones de IA aplicada a fiscalidad como apoyo al análisis, no como sustituto del criterio experto.

Cómo preparar la defensa ante una comprobación tributaria

Si la Administración tributaria cuestiona una valoración, la respuesta debe ser ordenada. Lo peor es improvisar argumentos o aportar documentación inconexa. La defensa debe centrarse en demostrar que, en la fecha de la operación, el valor utilizado era razonable conforme a la información disponible.

Los pasos recomendables son:

• Revisar el requerimiento recibido y delimitar exactamente qué se cuestiona.
• Identificar la operación, fecha, partes y normativa aplicable.
• Recopilar contratos, actas, facturas, correos, informes, cuentas y justificantes.
• Reconstruir la metodología de valoración utilizada.
• Preparar una explicación técnica clara y documentada.
• Aportar comparables o referencias de mercado cuando proceda.
• Evitar contradicciones entre contabilidad, impuestos, contratos y documentación societaria.

En este punto, es fundamental contar con asesoramiento fiscal especializado. Un ajuste de valoración puede afectar a bases imponibles, deducibilidad de gastos, ingresos computables, retenciones, intereses de demora y sanciones. Además, en operaciones vinculadas puede tener efectos bilaterales y generar doble imposición económica si no se corrige adecuadamente en la otra parte.

Si la comprobación afecta a operaciones vinculadas, transmisiones de participaciones, reestructuraciones o valoraciones de empresas, puede ser recomendable contactar con abogados fiscales que combinen conocimiento tributario y capacidad de defensa técnica.

Cuándo conviene pedir una valoración profesional

No todas las decisiones empresariales requieren un informe completo, pero hay situaciones en las que una valoración profesional es muy aconsejable:

• Entrada o salida de socios.
• Rondas de inversión.
• Venta total o parcial de una empresa.
• Transmisión de participaciones entre partes vinculadas.
• Reestructuraciones societarias.
• Separación, exclusión o conflicto entre socios.
• Herencias y donaciones de empresa familiar.
• Operaciones intragrupo con activos, servicios, financiación o intangibles.
• Preparación de documentación de precios de transferencia.
• Respuesta a requerimientos de la Agencia Tributaria.

La valoración profesional no solo aporta una cifra. Ayuda a ordenar la información, anticipar riesgos, mejorar la negociación y preparar una defensa razonada. Además, permite detectar problemas antes de que se materialicen: contingencias fiscales, deudas no consideradas, márgenes no sostenibles, dependencia de clientes o incoherencias entre la realidad económica y la documentación legal.

Si la empresa está ubicada en la Región de Murcia o desarrolla allí una parte relevante de su actividad, ACTTAX ofrece servicios especializados de valoración de empresas en Murcia, con enfoque fiscal, societario y financiero.

Una valoración se defiende antes de que alguien la cuestione

La mejor forma de defender una valoración ante inversores o ante la Administración tributaria es prepararla correctamente desde el inicio. Una cifra sin método, sin documentación y sin coherencia económica es vulnerable. En cambio, una valoración basada en información fiable, metodología adecuada, hipótesis justificadas, análisis de sensibilidad y soporte normativo tiene muchas más posibilidades de resistir una negociación exigente o una revisión fiscal.

En 2026, las empresas deben prestar especial atención a las operaciones vinculadas, al modelo 232, a la documentación de precios de transferencia y a la justificación del valor de mercado conforme al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y al Reglamento aprobado por el Real Decreto 634/2015. Cuando existan elementos internacionales, las Directrices OCDE siguen siendo una referencia esencial para aplicar el principio de plena competencia.

ACTTAX ayuda a empresas, socios e inversores a preparar valoraciones rigurosas, informes defendibles y documentación fiscal alineada con la normativa vigente. Si estás valorando una operación relevante, una entrada de inversores o una transmisión entre partes vinculadas, puedes solicitar un estudio personalizado y revisar el caso antes de tomar una decisión con impacto económico o tributario.