Cómo implementar una política de precios de transferencia efectiva

Una política de precios de transferencia efectiva no consiste únicamente en preparar un informe al cierre del ejercicio. Es un sistema de gobierno fiscal que permite fijar, revisar y justificar los precios aplicados en operaciones entre personas o entidades vinculadas, de forma coherente con el principio de plena competencia y con la realidad económica del grupo.

En España, esta materia es especialmente sensible porque afecta directamente a la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, al cumplimiento documental y a la declaración informativa de operaciones vinculadas. Para grupos empresariales, sociedades familiares, filiales españolas de multinacionales, holdings, socios profesionales y empresas con financiación intragrupo, diseñar una política sólida ayuda a prevenir ajustes fiscales, sanciones, conflictos entre jurisdicciones y problemas contables. En ACTTAX ayudamos a empresas y grupos a estructurar sus operaciones vinculadas y precios de transferencia con una visión fiscal, económica y documental.

Qué es una política de precios de transferencia y por qué debe implantarse antes de operar

Una política de precios de transferencia es el conjunto de criterios, métodos, procedimientos internos, contratos y documentación que una empresa utiliza para valorar sus operaciones con partes vinculadas. Su objetivo es demostrar que las condiciones pactadas entre entidades del mismo grupo, socios, administradores u otras partes relacionadas son comparables a las que habrían acordado terceros independientes en circunstancias similares.

El punto de partida normativo en España es el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que establece que las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas se valorarán por su valor de mercado. El desarrollo reglamentario se encuentra principalmente en los artículos 13 a 16 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

En el plano internacional, la referencia técnica son las Directrices de la OCDE aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias, cuya edición 2022 incorpora criterios relevantes sobre métodos transaccionales, intangibles, análisis de riesgos y operaciones financieras. Aunque las Directrices OCDE no sustituyen a la normativa española, son una guía interpretativa esencial para aplicar el principio de plena competencia.

La clave es que la política exista antes de que la Administración tributaria la requiera. Prepararla después de una inspección suele obligar a reconstruir decisiones, contratos, márgenes y comparables con menor fuerza probatoria. Por eso, si la empresa realiza operaciones recurrentes con partes vinculadas, conviene hablar con un asesor fiscal antes de cerrar el ejercicio y antes de que los precios queden consolidados en la contabilidad.

Operaciones vinculadas y precios de transferencia: conceptos que deben estar alineados

En la práctica, muchas empresas utilizan indistintamente los términos “operaciones vinculadas” y “precios de transferencia”, aunque no son exactamente lo mismo. Las operaciones vinculadas son las transacciones realizadas entre partes que mantienen una relación de vinculación conforme al artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Los precios de transferencia son los criterios utilizados para valorar esas operaciones a mercado.

Esta distinción es importante porque una empresa puede tener operaciones vinculadas muy variadas: compraventas, préstamos, servicios, cesiones de inmuebles, royalties, garantías, operaciones societarias o refacturación de costes. Cada una puede exigir un método de valoración distinto, un contrato distinto y una evidencia distinta. Una política efectiva no se limita a afirmar que “todo está a mercado”; debe explicar cómo se ha llegado a esa conclusión en cada tipo de operación.

Identificar correctamente las partes vinculadas

El primer paso para implementar una política eficaz es elaborar un mapa completo de partes vinculadas y operaciones. El artículo 18.2 de la Ley 27/2014 recoge los principales supuestos de vinculación, entre ellos las relaciones entre una entidad y sus socios o partícipes, entre una entidad y sus consejeros o administradores, entre entidades del mismo grupo mercantil, entre una entidad y determinados familiares de socios o administradores, y entre entidades participadas directa o indirectamente en los porcentajes previstos por la norma.

En términos prácticos, la empresa debe identificar, como mínimo:

• Sociedades del grupo residentes en España o en el extranjero.
• Socios o partícipes con participación relevante conforme al artículo 18.2 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
• Administradores, consejeros y familiares vinculados cuando proceda.
• Entidades participadas directa o indirectamente.
• Establecimientos permanentes, sucursales y filiales extranjeras.
• Operaciones con jurisdicciones no cooperativas o territorios de baja tributación, cuando existan.

Después debe clasificarse cada operación. Las más habituales son compraventas de bienes, prestación de servicios de gestión, cesión de intangibles, licencias de marca, arrendamientos, préstamos intragrupo, cash pooling, garantías, operaciones de reestructuración, transmisiones de participaciones y remuneraciones a socios profesionales.

Este inventario no debe limitarse a las operaciones evidentes. En muchas inspecciones, el riesgo aparece en conceptos aparentemente secundarios: gastos refacturados sin margen, servicios de dirección no acreditados, préstamos sin contrato, cesiones gratuitas de activos, uso de marcas sin royalty o sociedades que soportan costes que benefician a otras entidades del grupo. ACTTAX puede revisar este mapa dentro de un servicio de documentación de precios de transferencia adaptado a la estructura real de la empresa.

Definir funciones, activos y riesgos: el análisis funcional

Una política de precios de transferencia no se construye solo con porcentajes o márgenes. Debe partir del análisis funcional: qué hace cada entidad, qué activos utiliza y qué riesgos asume. Este enfoque es coherente con el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con los artículos 13 a 16 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y con las Directrices OCDE, que exigen atender a las características de la operación, funciones desempeñadas, activos utilizados, riesgos asumidos, términos contractuales, circunstancias económicas y estrategias empresariales.

El análisis funcional permite responder a preguntas esenciales:

• ¿Qué entidad toma las decisiones estratégicas?
• ¿Quién asume el riesgo de mercado, inventario, crédito, obsolescencia o tipo de cambio?
• ¿Quién es propietario jurídico y económico de los intangibles?
• ¿Qué entidad aporta personal, tecnología, financiación o capacidad comercial?
• ¿La remuneración asignada a cada parte es coherente con su contribución real?
• ¿Los contratos coinciden con lo que ocurre en la práctica?

Por ejemplo, una distribuidora de riesgo limitado no debería obtener el mismo margen que una entidad que compra por cuenta propia, decide precios, asume inventario, financia clientes y gestiona campañas comerciales. Del mismo modo, una sociedad que presta servicios administrativos rutinarios al grupo no se valora igual que una entidad que desarrolla intangibles, asume riesgos de I+D y dirige la estrategia comercial.

El error frecuente es fijar precios por conveniencia contable: “dejamos un margen del 5%”, “facturamos los gastos sin margen” o “ajustamos al final del año”. Una política efectiva exige justificar por qué ese margen es de mercado, por qué se corresponde con las funciones, activos y riesgos de cada parte y por qué sería aceptable entre terceros independientes.

Seleccionar el método de valoración adecuado

El artículo 18.4 de la Ley 27/2014 recoge los métodos admitidos para valorar operaciones vinculadas. La elección debe hacerse operación por operación, atendiendo a la naturaleza de la transacción, la disponibilidad de información comparable y el grado de comparabilidad. No existe un método universal válido para todos los casos.

La política debe explicar por qué se ha elegido un método y por qué se descartan otros si no son adecuados. También debe definir la parte analizada, el indicador financiero empleado —por ejemplo, margen operativo sobre ventas, margen sobre costes o rentabilidad sobre activos— y el rango de plena competencia obtenido mediante comparables internos o externos.

En operaciones complejas, como valoración de participaciones, transmisiones de negocio, aportaciones no dinerarias, pactos entre socios o reestructuraciones, puede ser necesario un análisis económico más amplio. En estos casos, conviene apoyarse en un informe de valoración de empresa o en servicios especializados de valoración de operaciones vinculadas.

Documentar la política: master file, local file y documentación simplificada

La documentación es el soporte que permite acreditar que la política se ha aplicado correctamente. En España, las obligaciones documentales se regulan en el artículo 18.3 de la Ley 27/2014 y en los artículos 13 a 16 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Con carácter general, el Reglamento distingue entre documentación específica del grupo y documentación específica del contribuyente. La documentación del grupo —habitualmente conocida como master file— resulta exigible, en los términos del artículo 15 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, a grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 45 millones de euros. La documentación específica del contribuyente —local file— se regula en el artículo 16 del Reglamento y contiene el detalle de las operaciones del contribuyente español.

La documentación específica debe incluir, entre otros elementos, la identificación del contribuyente y de las personas o entidades vinculadas, la descripción de la operación, el análisis de comparabilidad, la explicación del método de valoración elegido, el valor o rango de valores resultante y los acuerdos relevantes. La intensidad documental puede variar en función del tamaño de la entidad, el tipo de operación y los umbrales aplicables.

Para empresas de reducida dimensión en los términos del artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades —con carácter general, aquellas cuyo importe neto de la cifra de negocios del período impositivo inmediato anterior sea inferior a 10 millones de euros, teniendo en cuenta las reglas de grupo previstas en la norma—, el Reglamento prevé un contenido simplificado en determinados supuestos. No obstante, simplificado no significa inexistente: sigue siendo necesario conservar soporte suficiente para justificar la valoración.

Además, el Reglamento contempla determinados supuestos en los que no resulta exigible la documentación específica, por ejemplo cuando el conjunto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada no supere determinados umbrales, sin perjuicio de las excepciones y operaciones específicas previstas en la normativa. Por ello, antes de concluir que una operación no requiere documentación, es recomendable analizar el caso concreto, el importe, el tipo de operación y la condición de las partes.

Una política efectiva debe incluir un calendario interno de actualización documental. Lo recomendable es revisar anualmente los márgenes aplicados y actualizar los estudios de comparabilidad cuando cambien las circunstancias económicas, el modelo de negocio, las funciones asumidas, la cadena de valor o la normativa aplicable.

Modelo 232: cuándo la política debe traducirse en declaración informativa

Además de documentar, determinadas operaciones vinculadas deben declararse mediante el modelo 232, aprobado por la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto. La Agencia Tributaria mantiene en su sede electrónica la información oficial sobre el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas.

Para períodos impositivos coincidentes con el año natural, el plazo ordinario de presentación del modelo 232 es del 1 al 30 de noviembre del año siguiente al ejercicio declarado. Para el ejercicio 2025, según el calendario del contribuyente de 2026 de la Agencia Tributaria, el plazo es del 1 al 30 de noviembre de 2026. Con carácter general, cuando el período impositivo no coincide con el año natural, la presentación se realiza en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del período impositivo.

Entre las operaciones que pueden obligar a informar en el modelo 232 se encuentran, según los criterios establecidos en la Orden HFP/816/2017 y las instrucciones de la Agencia Tributaria, las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada que superen determinados importes, las denominadas operaciones específicas, las operaciones del mismo tipo y método que representen un porcentaje relevante de la cifra de negocios y determinadas operaciones o situaciones relacionadas con jurisdicciones no cooperativas. Los umbrales y casillas deben analizarse cada ejercicio conforme a las instrucciones aplicables.

La política de precios de transferencia debe estar coordinada con esta obligación porque los importes, métodos y tipos de operación declarados en el modelo 232 deben ser coherentes con la contabilidad, el Impuesto sobre Sociedades y la documentación de operaciones vinculadas. Una discrepancia entre el informe, la contabilidad y el modelo informativo puede generar alertas innecesarias.

Si la empresa tiene dudas sobre si debe presentar la declaración, o sobre cómo agrupar operaciones por tipo, método de valoración y persona o entidad vinculada, ACTTAX ofrece asesoramiento específico para el modelo 232.

Información país por país: grupos multinacionales de gran dimensión

Para grupos multinacionales de gran tamaño, la política de precios de transferencia debe integrarse también con la información país por país. Esta obligación se regula en el artículo 14 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades y se instrumenta mediante el modelo 231, aprobado por la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre.

La obligación de aportar información país por país es exigible, en términos generales, cuando el importe neto de la cifra de negocios consolidada del grupo en los doce meses anteriores supere 750 millones de euros. La Agencia Tributaria indica que el modelo 231 de declaración de información país por país se presenta desde el día siguiente a la finalización del período impositivo hasta que transcurran doce meses desde dicha finalización. Además, las entidades residentes en España que formen parte de un grupo obligado deben atender, cuando proceda, las comunicaciones previas previstas en la normativa.

Esta obligación no sustituye al master file ni al local file. Su finalidad es ofrecer a las administraciones tributarias una visión global de la distribución de ingresos, beneficios, impuestos pagados, empleados, activos y actividades por jurisdicción. Por ello, la política interna debe evitar contradicciones entre el relato funcional, los márgenes declarados y la información país por país.

Contratos intragrupo: el puente entre la política y la prueba

Una política de precios de transferencia no puede apoyarse solo en hojas de cálculo. Debe estar respaldada por contratos que reflejen la realidad económica de las operaciones. Los contratos intragrupo no son una formalidad: sirven para fijar funciones, responsabilidades, precios, plazos de pago, moneda, garantías, titularidad de intangibles, criterios de reparto de costes, duración y mecanismos de ajuste.

En servicios intragrupo, el contrato debe describir qué servicios se prestan, quién se beneficia, cómo se calculan los costes, qué margen se aplica y cómo se acredita la prestación efectiva. La deducibilidad fiscal exige, además, que exista inscripción contable, imputación con arreglo a devengo, justificación documental y correlación con ingresos, de acuerdo con las reglas generales de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y la normativa contable aplicable. Si se trata de servicios de bajo valor añadido, las Directrices OCDE ofrecen criterios prácticos, pero su aplicación debe coordinarse con la normativa española y con la prueba efectiva del beneficio recibido.

En financiación intragrupo, el contrato debe recoger principal, vencimiento, tipo de interés, garantías, subordinación, calendario de pagos y condiciones de mercado. Tras la incorporación de la guía OCDE sobre operaciones financieras, las administraciones tributarias prestan especial atención a la capacidad de endeudamiento, rating, garantías implícitas, cash pooling y coherencia entre deuda y fondos propios. En ACTTAX trabajamos este tipo de operaciones mediante asesoramiento específico en préstamos intragrupo.

En servicios de dirección, administración, marketing, tecnología o soporte operativo, es recomendable conservar evidencias: correos, informes, reuniones, entregables, partes de trabajo, herramientas utilizadas y criterios de reparto. La factura por sí sola rara vez es suficiente si la Administración cuestiona la realidad o utilidad del servicio. Para diseñar y documentar correctamente estos flujos, puedes revisar el servicio de servicios intragrupo.

Cómo implantar la política paso a paso

1. Diagnóstico inicial del grupo y del riesgo fiscal

El primer paso consiste en revisar la estructura societaria, las participaciones, las operaciones existentes, los contratos, la contabilidad analítica y las declaraciones fiscales de los últimos ejercicios. Este diagnóstico permite detectar riesgos: operaciones no documentadas, márgenes fuera de mercado, ausencia de contratos, saldos antiguos entre vinculadas, servicios sin evidencia, préstamos sin interés o sociedades que acumulan beneficios sin funciones suficientes.

2. Segmentación de operaciones

No todas las operaciones tienen el mismo riesgo ni requieren el mismo análisis. Conviene agruparlas por naturaleza: ventas de bienes, servicios, financiación, intangibles, arrendamientos, operaciones societarias y reestructuraciones. Cada grupo tendrá su propio método de valoración, soporte documental y nivel de revisión.

3. Análisis funcional y económico

La empresa debe documentar qué entidad realiza cada función relevante, qué activos utiliza y qué riesgos asume. Este análisis debe estar alineado con la contabilidad, los contratos, el organigrama, las decisiones reales y los sistemas de gestión. Si la documentación afirma que una entidad asume un riesgo, pero en la práctica no tiene personal ni capacidad para gestionarlo, la política será vulnerable.

4. Selección del método y obtención de comparables

Una vez entendida la operación, se elige el método más adecuado conforme al artículo 18.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Siempre que existan comparables internos fiables, suelen tener gran valor probatorio. Si no existen, se utilizan bases de datos, información pública, estudios sectoriales o referencias financieras, con ajustes razonables de comparabilidad.

5. Aprobación interna y aplicación contable

La política debe aprobarse internamente y trasladarse a los equipos de administración, finanzas, dirección y facturación. Una buena política fracasa si no se aplica en la operativa diaria. Es recomendable establecer instrucciones sobre cuándo facturar, cómo calcular el margen, qué documentación conservar y quién revisa los ajustes de cierre.

6. Monitorización anual

Al cierre del ejercicio debe comprobarse si los resultados obtenidos se encuentran dentro del rango de mercado. Si no es así, puede ser necesario realizar ajustes, siempre con soporte contractual, contable y fiscal. La revisión debe quedar documentada para evitar decisiones improvisadas o meramente oportunistas. Si la empresa no cuenta con un procedimiento interno claro, puede solicitar un estudio personalizado para ordenar la política antes del cierre contable y fiscal.

Errores frecuentes al diseñar precios de transferencia

Los errores más habituales no siempre son técnicos; muchas veces son de proceso. Una política de precios de transferencia debe evitar especialmente las siguientes situaciones:

• Aplicar el mismo margen a todas las operaciones sin análisis individual.
• No distinguir entre servicios de bajo valor añadido, servicios estratégicos y cesión de intangibles.
• Usar contratos genéricos que no reflejan la realidad del grupo.
• No actualizar comparables durante varios ejercicios pese a cambios económicos relevantes.
• Declarar importes en el modelo 232 que no coinciden con la documentación o la contabilidad.
• No remunerar préstamos, garantías, marcas, know-how o cesiones de activos.
• Asignar beneficios a entidades que no tienen personal, activos ni capacidad de decisión.
• Realizar ajustes de cierre sin soporte contractual ni explicación económica.
• Confundir el cumplimiento formal con la defensa técnica de la política.

También es frecuente que las empresas familiares o grupos de pymes consideren que los precios de transferencia solo afectan a multinacionales. Sin embargo, la normativa española se aplica a operaciones vinculadas internas y transfronterizas. Un préstamo entre sociedades hermanas, una prestación de servicios de una sociedad holding a sus filiales o la cesión de un inmueble a una entidad vinculada pueden requerir valoración a mercado y soporte documental.

Precios de transferencia y operaciones societarias

Las operaciones societarias dentro de un grupo suelen requerir especial atención. Transmisiones de participaciones, aportaciones no dinerarias, compraventas de ramas de actividad, reestructuraciones, fusiones, escisiones y pactos entre socios pueden tener impacto tanto en precios de transferencia como en valoración fiscal, contable y mercantil.

En estos casos, la política debe apoyarse en métodos de valoración consistentes: descuento de flujos de caja, múltiplos de mercado, valor patrimonial ajustado u otros enfoques adecuados según la operación. La elección del método debe justificarse y documentarse. Cuando intervienen socios, herederos, empresas familiares o inversores, un informe independiente puede reducir conflictos y reforzar la posición fiscal.

ACTTAX presta servicios de valoración de empresas, valoración de participaciones sociales y valoración de empresa familiar, especialmente útiles cuando la operación vinculada incorpora elementos de negocio, socios o sucesión empresarial.

Operaciones con jurisdicciones no cooperativas y mayor riesgo de revisión

Las operaciones con jurisdicciones no cooperativas exigen una atención reforzada. La disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, regula el concepto de jurisdicción no cooperativa, y la lista vigente debe consultarse conforme a la normativa aplicable en cada ejercicio. Estas operaciones pueden generar obligaciones informativas específicas, mayor carga probatoria y un riesgo de revisión superior.

Cuando una entidad española realiza pagos por servicios, royalties, intereses, cesiones de activos o cualquier otra operación con entidades situadas en territorios de baja o nula tributación, no basta con disponer de una factura. Es necesario acreditar la realidad del servicio, la utilidad económica, la valoración a mercado, la identificación del beneficiario efectivo cuando proceda y la coherencia con la estructura del grupo.

En estos supuestos, una política de precios de transferencia debe coordinarse con la normativa del Impuesto sobre Sociedades, los convenios para evitar la doble imposición, las reglas antiabuso y las obligaciones informativas aplicables. Por su complejidad, conviene analizar cada caso con asesoramiento especializado antes de ejecutar la operación.

Sanciones y riesgos de no tener una política adecuada

El artículo 18.13 de la Ley 27/2014 regula el régimen sancionador específico en materia de operaciones vinculadas. La falta de aportación, la aportación incompleta o la aportación con datos falsos de la documentación exigida puede dar lugar a sanciones. Cuando no procede corrección valorativa, la norma prevé sanciones pecuniarias fijas por dato o conjunto de datos omitido, inexacto o falso, con los límites establecidos en el propio artículo. Si la Administración realiza una corrección valorativa y concurre incumplimiento documental, la sanción puede calcularse como un porcentaje sobre las cantidades corregidas, en los términos previstos en dicho precepto.

Además del régimen específico de operaciones vinculadas, pueden existir consecuencias por aplicación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, especialmente en materia de intereses de demora, infracciones tributarias, requerimientos de información o regularizaciones derivadas de comprobaciones inspectoras.

El riesgo no es solo español. En operaciones internacionales, un ajuste en una jurisdicción puede generar doble imposición si la otra Administración no acepta el ajuste correlativo. Para evitarlo, pueden resultar relevantes los procedimientos amistosos previstos en convenios para evitar la doble imposición y en la normativa internacional aplicable, aunque su tramitación exige tiempo, documentación y una estrategia técnica sólida.

Por este motivo, una política efectiva debe diseñarse con mentalidad preventiva. No se trata de “blindar” artificialmente una posición, sino de construir una explicación razonable, documentada y coherente con la realidad económica del grupo. Si tu empresa ya realiza operaciones vinculadas relevantes, es recomendable solicitar un estudio personalizado antes de recibir un requerimiento.

Checklist práctico para una política de precios de transferencia efectiva

Cuándo conviene revisar o rediseñar la política

No basta con implantar la política una vez. Debe revisarse cuando se produzcan cambios relevantes. Entre otros supuestos, conviene actualizarla si el grupo entra en nuevos mercados, adquiere o vende sociedades, centraliza funciones, modifica la cadena de suministro, crea una holding, concede financiación intragrupo, desarrolla intangibles, cambia su modelo de distribución o experimenta variaciones significativas de rentabilidad.

También debe revisarse si existen pérdidas recurrentes en una entidad que, según la documentación, asume riesgos limitados; si una sociedad española soporta costes que benefician al grupo; si hay saldos vinculados pendientes durante años; o si las entidades extranjeras obtienen beneficios relevantes sin funciones claramente identificables.

En grupos con presencia internacional, la revisión debe tener en cuenta no solo la normativa española, sino también las reglas locales del país contraparte, los convenios para evitar la doble imposición y las Directrices OCDE. La coordinación internacional es esencial para evitar que una política aceptable en España sea cuestionada en otra jurisdicción.

Cómo puede ayudar ACTTAX

Implementar una política de precios de transferencia efectiva exige combinar fiscalidad, contabilidad, valoración de empresas, análisis económico y conocimiento del negocio. En ACTTAX trabajamos con un enfoque práctico: identificar riesgos, ordenar operaciones, definir métodos de valoración, preparar documentación, revisar contratos y coordinar la presentación de declaraciones informativas.

Nuestros servicios incluyen documentación de precios de transferencia, valoración de operaciones vinculadas, asistencia en modelo 232, revisión de préstamos intragrupo, análisis de servicios intragrupo y apoyo en operaciones societarias mediante informes de valoración.

Una buena política de precios de transferencia no solo reduce riesgos fiscales: mejora la gestión interna del grupo, aporta trazabilidad a las decisiones, facilita auditorías, evita conflictos entre socios y permite defender la rentabilidad de cada entidad con argumentos económicos sólidos. Si necesitas revisar tus operaciones vinculadas o diseñar una política desde cero, puedes hablar con un asesor fiscal de ACTTAX y preparar la documentación antes de que sea la Administración quien marque los tiempos.