Los Servicios Intragrupo de Bajo Valor Añadido: servicios de apoyo a la gestión en las Directrices de la OCDE

En los grupos de sociedades es habitual que una entidad centralice funciones administrativas, financieras, informáticas, legales, fiscales o de recursos humanos y repercuta una parte de esos costes al resto de filiales. El problema aparece cuando esas facturas se describen de forma genérica como management fees, “servicios corporativos” o “servicios de apoyo a la gestión” sin acreditar qué servicio se ha prestado, quién se ha beneficiado, cómo se ha calculado el coste y por qué el margen aplicado respeta el principio de plena competencia.

Los servicios intragrupo de bajo valor añadido son una materia especialmente relevante dentro de las operaciones vinculadas y precios de transferencia. Las Directrices de la OCDE ofrecen un enfoque simplificado para este tipo de servicios, pero en España su tratamiento debe encajarse con el artículo 18 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, los artículos 13 a 18 del Real Decreto 634/2015, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, y las obligaciones informativas del Modelo 232.

Qué son los servicios intragrupo de bajo valor añadido

Las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia, en su Capítulo VII, analizan los servicios intragrupo y dedican un apartado específico a los servicios intragrupo de bajo valor añadido. La idea de fondo es sencilla: existen determinadas actividades de apoyo que, aunque son necesarias para el funcionamiento ordinario del grupo, no forman parte del negocio principal, no generan intangibles únicos y valiosos y no implican la asunción o control de riesgos significativos.

En términos prácticos, hablamos de servicios auxiliares o de soporte que una empresa independiente estaría dispuesta a contratar o realizar internamente, pero que no constituyen el motor de generación de valor del grupo. Por ejemplo, una filial española puede beneficiarse de servicios de contabilidad, reporting financiero, gestión administrativa de personal, mantenimiento de sistemas, soporte legal rutinario, coordinación fiscal ordinaria o gestión documental prestados desde la matriz o desde un centro de servicios compartidos.

Ahora bien, que un servicio sea “de apoyo” no significa que pueda facturarse sin análisis. En España, el artículo 18.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que las operaciones entre personas o entidades vinculadas deben valorarse por su valor de mercado, entendido como el que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia. Por tanto, cualquier cargo intragrupo debe superar una doble prueba: existencia real del servicio y valoración a mercado.

Por qué estos cargos son sensibles en una inspección de precios de transferencia

Los servicios intragrupo de bajo valor añadido suelen ser una de las áreas más revisadas por las Administraciones tributarias porque presentan riesgos recurrentes: facturas periódicas con descripciones genéricas, costes asignados con claves de reparto poco justificadas, duplicidad de funciones ya realizadas por la filial, ausencia de evidencia del beneficio recibido o márgenes aplicados sin soporte económico suficiente.

Además, en grupos internacionales, estos cargos pueden reducir la base imponible de la filial receptora si se registran como gasto deducible sin acreditar la ventaja o utilidad obtenida. Precisamente por eso, el artículo 18.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades exige, en las prestaciones de servicios entre personas o entidades vinculadas, que los servicios prestados produzcan o puedan producir una ventaja o utilidad a su destinatario. Esta exigencia conecta directamente con el denominado benefit test o test de beneficio de la OCDE.

Si tu grupo factura o recibe este tipo de servicios, conviene revisar la política antes del cierre del ejercicio, no cuando llegue un requerimiento. En ACTTAX podemos ayudarte a documentar la operación desde el punto de vista económico, fiscal y probatorio a través de nuestro servicio especializado de servicios intragrupo.

Requisitos según las Directrices de la OCDE

La OCDE define los servicios intragrupo de bajo valor añadido como aquellos que reúnen, en esencia, las siguientes características:

• Tienen naturaleza auxiliar o de apoyo.
• No forman parte de la actividad principal del grupo multinacional.
• No requieren ni generan activos intangibles únicos y valiosos.
• No implican la asunción, control o creación de riesgos significativos para el prestador.
• No se prestan habitualmente a terceros independientes como parte del negocio ordinario del grupo, ya que, en tal caso, podrían existir comparables internos más directos.

Este enfoque busca reducir la carga administrativa en operaciones rutinarias. Sin embargo, la simplificación de la OCDE no debe confundirse con una exoneración general de documentación. En España, la operación sigue sometida al artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y a los artículos 13 a 18 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, que regulan la documentación de operaciones vinculadas, el análisis de comparabilidad y, en su caso, los acuerdos de reparto de costes.

Además, según el perfil de precios de transferencia de España publicado por la OCDE, España no ha implementado en su normativa interna un enfoque simplificado específico para servicios intragrupo de bajo valor añadido equivalente al del Capítulo VII de las Directrices. Las Directrices de la OCDE pueden utilizarse como referencia interpretativa, pero no sustituyen las exigencias de la normativa española.

Ejemplos habituales de servicios que pueden encajar

Según el enfoque de la OCDE, suelen ser candidatos a bajo valor añadido los servicios de soporte administrativo, contable, jurídico rutinario, fiscal ordinario, recursos humanos, tecnologías de la información de apoyo, comunicación interna, gestión de cobros y pagos, asistencia administrativa o coordinación general no estratégica.

Actividades que no deberían tratarse como bajo valor añadido

No todo servicio corporativo puede incluirse en esta categoría. Las Directrices de la OCDE excluyen actividades que forman parte de funciones clave del negocio o que implican valor estratégico, como investigación y desarrollo, fabricación, producción, compras de materias primas o materiales productivos, ventas, marketing, distribución, operaciones financieras, seguros, reaseguros, extracción o procesamiento de recursos naturales y alta dirección corporativa, salvo la supervisión ordinaria de servicios que sí sean de bajo valor añadido.

Esta distinción es crítica. Una asistencia informática rutinaria puede ser bajo valor añadido; el desarrollo de una plataforma tecnológica propia que genera una ventaja competitiva para el grupo no debería tratarse igual. Del mismo modo, una función de reporting financiero puede ser auxiliar, mientras que la dirección estratégica del negocio, la definición de precios comerciales o la negociación de contratos clave con clientes no lo son.

El test de beneficio: la primera prueba que debe superarse

El test de beneficio consiste en determinar si la entidad receptora obtiene, o puede razonablemente obtener, una ventaja económica o comercial del servicio. La pregunta clave es: ¿una empresa independiente, en circunstancias comparables, habría pagado por ese servicio o lo habría realizado por sus propios medios?

En la normativa española, este criterio aparece de forma expresa en el artículo 18.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: para que una prestación de servicios vinculada sea aceptable, debe producir o poder producir una ventaja o utilidad para el destinatario. Por eso, no basta con una factura emitida por la matriz. Es necesario conservar evidencias del servicio: correos, informes, tickets de soporte, calendarios de trabajo, entregables, actas, políticas internas, reportes de actividad o cualquier otro soporte que demuestre que la filial española recibió algo útil.

Hay tres situaciones especialmente sensibles:

• Actividades de accionista: actuaciones realizadas en interés del socio o matriz, no de la filial. Por ejemplo, costes de junta de accionistas de la matriz, relación con inversores, reporting exigido exclusivamente por los propietarios o gastos vinculados a la estructura de control del grupo.
• Servicios duplicados: cuando la filial ya dispone de personal o proveedores externos que realizan la misma función y no se justifica una ventaja adicional o complementaria.
• Beneficios incidentales: ventajas indirectas derivadas de pertenecer al grupo, como una mejora reputacional genérica, que normalmente no justifican una facturación específica.

Una política robusta de documentación de precios de transferencia debe identificar expresamente estas situaciones para evitar que el gasto sea discutido en una comprobación.

Cómo se calcula el cargo: base de costes, claves de reparto y margen

El enfoque simplificado de la OCDE parte de una mecánica ordenada: identificar los costes asociados a cada categoría de servicios de bajo valor añadido, excluir costes que no correspondan, distribuirlos entre las entidades beneficiarias mediante claves razonables y aplicar, bajo dicho enfoque, un margen uniforme del 5% sobre los costes relevantes, excluyendo los costes de mera refacturación o pass-through cuando proceda.

Este margen del 5% es una referencia internacional de la OCDE para el enfoque simplificado. No obstante, debe tratarse con prudencia en España: la Ley del Impuesto sobre Sociedades no incorpora una regla doméstica que convierta automáticamente ese 5% en un puerto seguro aplicable en todos los casos. La Administración tributaria puede revisar si el servicio existe, si la entidad española se beneficia, si los costes incluidos son adecuados y si la clave de reparto refleja racionalmente los beneficios obtenidos o susceptibles de obtenerse.

Base de costes

La base de costes debe construirse de forma transparente. Normalmente incluirá costes directos del personal que presta el servicio, costes indirectos razonablemente atribuibles y gastos operativos relacionados con la prestación. Deben excluirse los costes ajenos al servicio, los gastos de accionista, los costes duplicados y los costes que se trasladan sin añadir valor cuando la entidad actúa como simple intermediaria o pagadora por cuenta de terceros.

También es recomendable conciliar la base de costes con la contabilidad analítica o financiera del prestador. En la práctica, una de las debilidades más habituales es que el grupo dispone de una política formal, pero no puede explicar con claridad qué cuentas contables forman parte del cost pool, qué costes se excluyen y cómo se evita cargar dos veces el mismo gasto.

Claves de reparto

Cuando el servicio beneficia a varias entidades del grupo y no es posible individualizar exactamente la prestación recibida por cada una, el artículo 18.5 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite distribuir la contraprestación total entre las beneficiarias conforme a reglas de reparto racionales. La propia norma considera cumplido este criterio cuando el método tiene en cuenta la naturaleza del servicio, las circunstancias de prestación y los beneficios obtenidos o susceptibles de ser obtenidos por las destinatarias.

Algunas claves frecuentes son:

• Número de empleados: útil para servicios de recursos humanos, nóminas, formación interna o soporte laboral ordinario.
• Facturación o cifra de negocios: puede ser razonable para determinados servicios administrativos generales, aunque no siempre refleja el uso real del servicio.
• Número de usuarios o dispositivos: adecuada para servicios informáticos, licencias internas, soporte de aplicaciones o mantenimiento de sistemas.
• Número de transacciones: aplicable a cuentas a pagar, cuentas a cobrar, procesamiento administrativo o gestión documental.
• Tiempo dedicado: recomendable cuando existen registros horarios, partes de trabajo o sistemas internos fiables.
• Costes directos identificados: útil cuando puede asignarse el servicio a una entidad concreta sin necesidad de reparto indirecto.

Margen o mark-up

El método más habitual para estos servicios es el método del coste incrementado, previsto en el artículo 18.4.b) de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. También puede ser aplicable el método del margen neto operacional del artículo 18.4.e), según la información disponible y la comparabilidad. La elección del método debe atender a la naturaleza de la operación, la disponibilidad de información fiable y el grado de comparabilidad, tal como exige el artículo 18.4 de la propia Ley.

Cuando se utilice el 5% de la OCDE, conviene documentar expresamente que se trata de servicios que cumplen los requisitos de bajo valor añadido, que el grupo aplica de forma consistente el enfoque simplificado y que el margen no se está extrapolando a servicios que no encajan en esta categoría. Si necesitas revisar si el margen aplicado por tu grupo es defendible, puedes hablar con un asesor fiscal de ACTTAX.

Obligaciones documentales en España en 2026

Para el ejercicio 2026, las obligaciones de documentación de operaciones vinculadas se regulan principalmente en el artículo 18.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y en los artículos 13 a 16 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. La documentación debe estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo voluntario de declaración del Impuesto sobre Sociedades y debe prepararse con criterios de proporcionalidad y suficiencia.

La documentación específica del contribuyente, conforme al artículo 16 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, debe incluir la descripción detallada de la naturaleza, características e importe de las operaciones vinculadas, la identificación de las partes, el análisis de comparabilidad, la explicación del método de valoración, los comparables obtenidos y, en su caso, los criterios de reparto de gastos en servicios prestados conjuntamente a varias entidades vinculadas.

Para grupos con importe neto de la cifra de negocios inferior a 45 millones de euros, el artículo 16.4 del Reglamento prevé un contenido simplificado. Aun así, simplificado no significa inexistente: deben conservarse datos esenciales de la operación, método utilizado y soporte del valor aplicado. Además, el artículo 16.5 excluye del contenido simplificado determinadas operaciones, como transmisiones de negocios, valores no admitidos a negociación o admitidos en mercados situados en países o territorios calificados como jurisdicciones no cooperativas, inmuebles y activos intangibles.

En la práctica, incluso cuando una operación quede exonerada de documentación específica por importe, la sociedad debe poder defender que ha aplicado el principio de valor de mercado. La exoneración documental no convierte automáticamente el gasto en deducible ni impide que la Administración revise la realidad del servicio, su utilidad o su correcta imputación contable y fiscal.

Modelo 232: cuándo deben declararse estos servicios

La obligación informativa del Modelo 232 se regula en la Orden HFP/816/2017. Para operaciones vinculadas, con carácter general, deben informarse las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada cuando el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones en el período impositivo supere 250.000 euros, de acuerdo con valor de mercado.

Además, la Orden HFP/816/2017 establece obligaciones específicas cuando el importe conjunto de determinadas operaciones específicas del mismo tipo supera 100.000 euros, y una regla anti-fraccionamiento: existe obligación de informar cuando operaciones del mismo tipo y método de valoración superen el 50% de la cifra de negocios de la entidad, aunque no se alcancen los umbrales anteriores.

El Modelo 232 se presenta en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del período impositivo. Para entidades cuyo ejercicio coincide con el año natural, la información del ejercicio 2025 se presenta del 1 al 30 de noviembre de 2026. Si el período impositivo no coincide con el año natural, el plazo debe calcularse en función de la fecha de cierre.

La preparación del Modelo 232 debería estar alineada con la documentación de precios de transferencia. Declarar importes, métodos o tipologías de operación que no coinciden con el informe de precios de transferencia es una fuente frecuente de riesgo. En ACTTAX contamos con un servicio específico de presentación y asesoramiento del Modelo 232 para revisar esta coherencia antes de la presentación.

Tratamiento contable, IVA y retenciones: aspectos que no deben olvidarse

La política de servicios intragrupo no termina en precios de transferencia. También debe coordinarse con la contabilidad, el IVA, las retenciones y, en operaciones internacionales, los convenios para evitar la doble imposición.

Desde el punto de vista contable, el gasto debe registrarse conforme a su devengo y naturaleza, de acuerdo con el Código de Comercio, el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007 y las normas de registro y valoración aplicables. Una factura intragrupo emitida al final del ejercicio sin soporte suficiente puede generar problemas tanto de deducibilidad fiscal como de imagen fiel contable.

En IVA, cuando la filial española recibe servicios de una entidad no establecida en España, debe analizarse la regla de localización de servicios del artículo 69 de la Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, la inversión del sujeto pasivo prevista en el artículo 84.Uno.2.º de la misma Ley. En servicios transfronterizos, la correcta identificación del destinatario, el lugar de realización y la existencia o no de establecimiento permanente son elementos esenciales.

En materia de retenciones, si el prestador es no residente, debe analizarse el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, así como el convenio para evitar la doble imposición aplicable. Aunque muchos servicios empresariales ordinarios pueden quedar protegidos por el artículo de beneficios empresariales del convenio cuando no existe establecimiento permanente en España, cada caso debe revisarse: no es lo mismo un servicio administrativo rutinario que una cesión de intangibles, asistencia técnica cualificada o servicio vinculado a un establecimiento permanente.

Por eso, una revisión de operaciones vinculadas debe integrar precios de transferencia, Impuesto sobre Sociedades, IVA, retenciones y soporte contable. Si la política se diseña de forma aislada, es habitual que el informe diga una cosa, la factura otra y el Modelo 232 una tercera.

Riesgos fiscales y sanciones por una mala documentación

El principal riesgo no es solo que la Administración ajuste el margen aplicado, sino que cuestione la deducibilidad total o parcial del gasto por falta de prueba del servicio, ausencia de beneficio, duplicidad o incorrecta asignación de costes. En una inspección, la Administración puede comprobar las operaciones vinculadas y efectuar las correcciones que procedan conforme al artículo 18.10 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

El régimen sancionador específico se recoge en el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Si no hay corrección valorativa, pero falta documentación, se aporta de forma incompleta o con datos falsos, la infracción se califica como grave y puede sancionarse con multa fija de 1.000 euros por dato y 10.000 euros por conjunto de datos omitido, inexacto o falso, con el límite máximo de la menor de estas dos cuantías: el 10% del importe conjunto de las operaciones afectadas o el 1% del importe neto de la cifra de negocios.

Si además la falta de documentación, la documentación incompleta o falsa, o la discrepancia entre el valor documentado y el declarado conlleva una corrección por la Administración, el artículo 18.13 prevé una sanción proporcional del 15% sobre el importe de las cantidades que resulten de las correcciones correspondientes a cada operación. Por eso, una política de servicios intragrupo no debe limitarse a una plantilla formal: debe poder defenderse con datos, contratos, cálculos y evidencias.

Checklist para documentar servicios intragrupo de bajo valor añadido

Antes de registrar o facturar un cargo por servicios de apoyo a la gestión, conviene revisar los siguientes puntos:

• Contrato intragrupo: debe identificar partes, servicios, vigencia, responsabilidades, forma de cálculo, facturación y criterios de reparto.
• Descripción del servicio: evitar conceptos genéricos como management fee sin desglose funcional.
• Test de beneficio: explicar qué ventaja obtiene cada entidad receptora y por qué una empresa independiente pagaría por ello.
• Exclusión de actividades de accionista: separar costes que benefician a la matriz como inversor y no a la filial.
• Base de costes: identificar costes directos, indirectos, exclusiones y conciliación con la contabilidad.
• Clave de reparto: justificar por qué refleja razonablemente el beneficio esperado o recibido.
• Margen aplicado: documentar si se usa el 5% OCDE como referencia o si se ha realizado un análisis específico de comparabilidad.
• Evidencias: conservar informes, entregables, tickets, correos, actas, reportes y cualquier prueba de prestación efectiva.
• Coherencia fiscal: comprobar que Impuesto sobre Sociedades, Modelo 232, facturas, contabilidad e informe de precios de transferencia coinciden.
• Revisión internacional: analizar IVA, retenciones, convenios para evitar la doble imposición y normativa del país de la contraparte.

Si tu empresa no dispone de esta información de forma ordenada, es aconsejable revisar la política antes de la presentación del Impuesto sobre Sociedades y del Modelo 232. Puedes apoyarte en el equipo de documentación de precios de transferencia de ACTTAX para preparar un expediente coherente y defendible.

Servicios de bajo valor añadido frente a acuerdos de reparto de costes

No debe confundirse una prestación de servicios intragrupo con un acuerdo de reparto de costes. En la prestación de servicios, una entidad presta un servicio a otra u otras y repercute el coste más un margen, si procede. En un acuerdo de reparto de costes, varias entidades participan en el desarrollo, adquisición o prestación de bienes, derechos o servicios y sus aportaciones deben estar alineadas con las utilidades o ventajas esperadas.

El artículo 18.7 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades regula los acuerdos de reparto de costes y exige, entre otros requisitos, que las aportaciones tengan en cuenta la previsión de utilidades o ventajas esperadas por cada participante. El artículo 18 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades concreta que estos acuerdos deben incluir la identificación de los participantes, el ámbito de actividades o proyectos, duración, criterios de reparto de beneficios esperados, forma de cálculo de aportaciones, tareas, responsabilidades y consecuencias de adhesión o retirada.

En la práctica, muchos grupos denominan cost sharing a lo que realmente es una refacturación de servicios administrativos. La calificación correcta importa porque cambia la forma de documentar la operación, la lógica económica y el análisis de precios de transferencia. Si existen dudas, es recomendable solicitar una revisión técnica mediante un servicio de valoración de operaciones vinculadas.

Errores frecuentes en políticas de servicios intragrupo

Una política de servicios intragrupo puede parecer sencilla sobre el papel, pero fallar en la práctica. Estos son algunos errores habituales que conviene evitar:

• Aplicar un porcentaje fijo sobre ventas sin relación con el servicio: por ejemplo, cargar un 2% de la facturación a todas las filiales sin explicar qué costes se reparten ni por qué la cifra de negocios refleja el beneficio recibido.
• Usar el mismo margen para todos los servicios: un 5% puede ser razonable como referencia OCDE para servicios de bajo valor añadido, pero no para funciones estratégicas, financieras, comerciales o vinculadas a intangibles.
• No distinguir servicios de accionista: los costes de gobierno corporativo de la matriz no deben trasladarse automáticamente a las filiales.
• No conservar entregables: una factura y un contrato marco no prueban por sí solos la prestación efectiva del servicio.
• Ignorar la normativa local de la contraparte: en grupos internacionales, la política debe ser defendible tanto en España como en el país del prestador o receptor.
• Desalinear contabilidad, fiscalidad y reporting: los importes registrados en cuentas, declarados en el Impuesto sobre Sociedades, informados en el Modelo 232 y documentados en el informe de precios de transferencia deben ser coherentes.

Estos errores no solo incrementan el riesgo de ajuste fiscal; también dificultan la gestión interna del grupo. Una política bien diseñada permite saber qué se factura, a quién, con qué base económica y con qué evidencia documental.

La actualización de la OCDE en 2026: por qué conviene estar atentos

En julio de 2026, la OCDE mantiene abierta una consulta pública sobre la revisión del Capítulo VII de sus Directrices, dedicado a los servicios intragrupo. La consulta pública sobre la revisión del Capítulo VII tiene como objetivo modernizar la guía sobre servicios intragrupo, alinear mejor este capítulo con los principios generales de los Capítulos I, II y III de las Directrices e introducir ejemplos prácticos adicionales. La propia OCDE indica que las revisiones propuestas no pretenden modificar los principios generales del análisis de precios de transferencia aplicable a servicios intragrupo.

Esto no elimina las reglas vigentes en España, pero sí confirma que los servicios intragrupo siguen siendo una prioridad internacional. Para los grupos con filiales españolas, la recomendación es clara: diseñar políticas que puedan defenderse hoy conforme a la Ley del Impuesto sobre Sociedades y que, al mismo tiempo, sean coherentes con los estándares OCDE que utilizan las Administraciones tributarias como referencia técnica.

Cómo puede ayudarte ACTTAX

En ACTTAX trabajamos los servicios intragrupo desde una perspectiva integral: fiscal, económica, contable y probatoria. No se trata solo de redactar un contrato o preparar un informe, sino de construir una política que resista preguntas concretas: qué servicio se presta, quién lo recibe, qué beneficio obtiene, cómo se calcula la base de costes, por qué la clave de reparto es razonable y qué margen resulta defendible.

Nuestro equipo puede ayudarte en distintas fases del proceso:

• Diagnóstico de cargos intragrupo recibidos o facturados por sociedades españolas.
• Diseño de políticas de precios de transferencia para servicios de apoyo a la gestión.
• Preparación de contratos intragrupo y anexos de servicios.
• Revisión de bases de costes, claves de reparto y márgenes.
• Preparación de documentación específica de operaciones vinculadas.
• Coordinación con el Modelo 232 y con la declaración del Impuesto sobre Sociedades.
• Análisis de IVA, retenciones y convenios en operaciones internacionales.

Si necesitas una revisión técnica, puedes consultar nuestros servicios de asesoría fiscal y valoración o contactar directamente con el equipo de asesores fiscales de ACTTAX.

Conclusión: simplificar no significa documentar menos, sino documentar mejor

Los servicios intragrupo de bajo valor añadido permiten aplicar un enfoque práctico a funciones de apoyo a la gestión, especialmente cuando se trata de tareas administrativas, contables, informáticas, legales, fiscales o de recursos humanos que no forman parte del negocio principal del grupo. Sin embargo, la simplificación de la OCDE no sustituye las obligaciones españolas: deben acreditarse la prestación efectiva, la utilidad para la entidad receptora, la base de costes, la clave de reparto, el margen aplicado y la coherencia con el Modelo 232.

En España, el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades sigue siendo la referencia central: valor de mercado, test de beneficio, documentación suficiente y régimen sancionador específico. La OCDE ayuda a interpretar y ordenar el análisis, pero no convierte el 5% en un puerto seguro doméstico ni exime de probar la realidad económica de la operación.

En ACTTAX ayudamos a empresas, grupos familiares y filiales españolas de grupos internacionales a diseñar, revisar y documentar sus políticas de precios de transferencia con un enfoque fiscal, económico y probatorio. Si tu empresa recibe o presta servicios de apoyo a la gestión dentro del grupo, puedes solicitar un estudio personalizado o consultar nuestros servicios de documentación de precios de transferencia y operaciones vinculadas.