Alternativas si no existen comparables en bases de datos como SABI o Amadeus

En precios de transferencia, una de las situaciones más habituales —y también más sensibles ante una comprobación tributaria— aparece cuando la empresa intenta justificar una operación vinculada mediante comparables externos y las bases de datos habituales, como SABI, Amadeus, Orbis u otras fuentes financieras, no ofrecen resultados fiables. Ocurre con frecuencia en sectores muy especializados, grupos familiares, operaciones con intangibles, servicios intragrupo singulares, financiación entre partes vinculadas, reestructuraciones empresariales, negocios en fases iniciales o compañías con perfiles funcionales difíciles de replicar.

La ausencia de comparables no significa que la operación no pueda documentarse ni que la empresa deba aceptar una valoración arbitraria. Significa que el análisis debe evolucionar: revisar el método elegido, reforzar el análisis funcional, ampliar fuentes de información, valorar ajustes de comparabilidad y, cuando proceda, acudir a métodos alternativos reconocidos por la normativa española y por las Directrices de la OCDE. En operaciones vinculadas y precios de transferencia, el objetivo no es “encontrar cualquier comparable”, sino demostrar que la política aplicada respeta el principio de plena competencia con una metodología coherente, trazable y defendible.

La normativa española no exige utilizar una base de datos concreta

La regulación española de operaciones vinculadas se articula principalmente en el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y en los artículos 13 a 16 del Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. La regla esencial es que las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas deben valorarse por su valor de mercado, entendido como aquel que se habría acordado por personas o entidades independientes en condiciones que respeten el principio de libre competencia.

Lo relevante, por tanto, no es que el contribuyente utilice necesariamente SABI, Amadeus, Orbis u otra base determinada. Lo importante es que pueda explicar y acreditar, con documentación suficiente, cómo ha determinado el valor de mercado de la operación vinculada. El artículo 18.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades enumera los métodos de valoración admitidos y permite seleccionar el método más adecuado atendiendo a la naturaleza de la operación, la información disponible, el grado de comparabilidad y la fiabilidad de los ajustes que puedan realizarse.

Desde una perspectiva práctica, esto es fundamental: una búsqueda sin resultados no invalida por sí sola el análisis. Lo que sí puede generar riesgo fiscal es quedarse en una conclusión incompleta, por ejemplo: “no hay comparables en SABI, por tanto no se puede valorar”. En una revisión de la Agencia Tributaria, esa respuesta será insuficiente si no se acompaña de una alternativa técnica razonada. Por eso, si tu empresa tiene operaciones complejas o recurrentes, conviene hablar con un asesor fiscal antes de cerrar la política de precios de transferencia del ejercicio.

Por qué pueden no existir comparables fiables

Antes de elegir una alternativa, hay que entender por qué la búsqueda no ha funcionado. No todas las ausencias de comparables significan lo mismo. En algunos casos el problema está en la base de datos; en otros, en la estrategia de búsqueda; y en otros, en la propia naturaleza de la operación.

La operación es demasiado específica

Es habitual que no existan comparables directos cuando la operación vinculada incluye activos únicos, conocimiento técnico diferenciado, intangibles de difícil valoración, funciones estratégicas o riesgos empresariales no rutinarios. Por ejemplo, una cesión de tecnología desarrollada internamente, una licencia de marca en un nicho muy reducido o la prestación de servicios altamente especializados dentro de un grupo pueden no tener equivalentes externos visibles.

En estas situaciones, intentar forzar un método basado en comparables externos puede ser más débil que acudir a un método alternativo. La documentación debe explicar qué hace cada parte, qué activos utiliza, qué riesgos asume y por qué la operación no encaja fácilmente en un análisis estándar. Este análisis funcional es la base de cualquier documentación de precios de transferencia sólida.

El mercado relevante no está bien representado

SABI puede ser útil para compañías españolas, mientras que Amadeus u otras bases europeas amplían el universo geográfico. Sin embargo, ninguna base de datos representa perfectamente todos los mercados. Puede haber sectores con predominio de empresas no obligadas a publicar información completa, negocios muy atomizados, compañías con cuentas poco detalladas o actividades económicas clasificadas de forma imprecisa.

El problema se agrava cuando se buscan márgenes operativos de empresas comparables y las sociedades encontradas desarrollan funciones distintas, asumen riesgos diferentes o incluyen líneas de negocio mezcladas. En precios de transferencia, una empresa no es comparable solo porque comparta un código CNAE. La comparabilidad exige analizar características de bienes o servicios, funciones, activos, riesgos, condiciones contractuales, circunstancias económicas y estrategias empresariales, siguiendo el enfoque recogido en las Directrices de la OCDE sobre precios de transferencia.

La operación no encaja bien en un método transaccional tradicional

Determinadas operaciones pueden no valorarse correctamente mediante el método del precio libre comparable, el método del coste incrementado o el método del precio de reventa. Esto ocurre, por ejemplo, cuando las dos partes realizan aportaciones valiosas e integradas, cuando existen intangibles relevantes en ambos lados de la operación o cuando la generación de valor depende de una combinación inseparable de funciones.

En esos casos, el método de distribución del resultado o un análisis basado en beneficios puede resultar más apropiado que insistir en comparables externos imperfectos. La clave es justificar por qué el método elegido es el más adecuado conforme al artículo 18.4 de la Ley 27/2014 y a los criterios de comparabilidad recogidos en el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades.

Primera alternativa: revisar y documentar la estrategia de búsqueda

Cuando no aparecen comparables, la primera alternativa no siempre es cambiar de método. A menudo conviene revisar la búsqueda: criterios de selección, códigos de actividad, años analizados, filtros geográficos, independencia accionarial, datos financieros, pérdidas recurrentes, disponibilidad de cuentas, operaciones extraordinarias y coherencia funcional.

Una buena documentación debe dejar rastro de los pasos realizados. No basta con afirmar que “no hay comparables”. Conviene conservar criterios aplicados, filtros descartados, resultados obtenidos y explicación de por qué determinadas compañías no se consideran válidas. Esta trazabilidad puede ser muy relevante si la Administración cuestiona posteriormente la valoración.

Esta revisión debe realizarse con prudencia. Ampliar filtros solo para conseguir resultados puede debilitar el análisis si se introducen empresas que no son comparables. Por el contrario, una búsqueda sin resultados, bien documentada y seguida de una metodología alternativa, puede ser más defendible que una muestra artificial.

Segunda alternativa: utilizar comparables internos

Los comparables internos suelen ser una de las alternativas más potentes cuando no existen comparables externos fiables. Un comparable interno aparece cuando una de las partes vinculadas realiza operaciones similares con terceros independientes. Por ejemplo, una sociedad que presta servicios técnicos a una filial y también presta servicios equivalentes a clientes externos; o una empresa que concede financiación intragrupo y, además, tiene préstamos comparables con entidades financieras independientes.

El método del precio libre comparable puede apoyarse en comparables internos si las condiciones son suficientemente similares o si las diferencias pueden ajustarse con fiabilidad. En muchos casos, estos comparables son preferibles a empresas externas obtenidas de bases de datos, porque reflejan mejor el producto, el mercado, la política comercial y las condiciones reales de la empresa.

No obstante, hay que analizar con detalle si el comparable interno es verdaderamente comparable. Deben revisarse volumen, plazo, moneda, garantías, responsabilidades asumidas, exclusividad, territorio, nivel de mercado, momento temporal, condiciones de pago y riesgos. En préstamos intragrupo, por ejemplo, una financiación bancaria concedida a la matriz puede ser una referencia útil, pero habrá que ajustar por importe, vencimiento, garantías, rating, subordinación y fecha de concesión.

Tercera alternativa: ampliar las fuentes de información externas

Cuando SABI o Amadeus no ofrecen comparables, puede ser razonable acudir a otras fuentes, siempre que sean fiables y verificables. La normativa española no limita la información a bases de datos privadas concretas. Lo importante es la calidad de la información y la coherencia con el método aplicado.

Entre las fuentes que pueden utilizarse, según el tipo de operación, se encuentran:

• Informes sectoriales publicados por organismos oficiales, asociaciones sectoriales o entidades reguladoras.
• Información financiera pública de sociedades cotizadas, cuando el perfil funcional sea comparable o pueda servir como referencia complementaria.
• Contratos con terceros independientes celebrados por la propia empresa o por entidades del grupo.
• Datos de mercado sobre tipos de interés, primas de riesgo, royalties, márgenes de distribución o precios de materias primas.
• Estadísticas oficiales y fuentes macroeconómicas cuando sean relevantes para justificar circunstancias económicas.
• Resoluciones, consultas o criterios administrativos que ayuden a entender el enfoque de valoración, aunque no sustituyan el análisis concreto de comparabilidad.

En operaciones financieras, por ejemplo, la búsqueda en bases de datos mercantiles puede ser insuficiente. Puede ser más adecuado trabajar con curvas de tipos, ratings, diferenciales de crédito, garantías, subordinación y condiciones reales de mercado. En licencias de intangibles, puede ser necesario acudir a bases de datos especializadas de royalties, informes de valoración o métodos basados en flujos. En servicios de bajo valor añadido, la discusión puede girar en torno a la naturaleza del servicio, el beneficio recibido y el margen aplicado, más que en torno a una muestra extensa de compañías externas.

Si necesitas revisar si tu fuente de información es defendible, ACTTAX puede ayudarte mediante un análisis de valoración de operaciones vinculadas adaptado a la operación concreta.

Cuarta alternativa: aplicar ajustes de comparabilidad

En ocasiones sí existen potenciales comparables, pero presentan diferencias relevantes. En ese caso, puede valorarse la realización de ajustes de comparabilidad, siempre que sean razonables, cuantificables y estén suficientemente justificados. El objetivo de estos ajustes es aproximar las condiciones de las operaciones no vinculadas a las condiciones de la operación vinculada analizada.

Los ajustes pueden referirse, entre otros aspectos, a diferencias en capital circulante, riesgo de crédito, funciones asumidas, intensidad de activos, capacidad productiva, condiciones de pago, garantías, plazo contractual o circunstancias extraordinarias. Sin embargo, no todos los ajustes son aceptables. Cuanto más complejo y subjetivo sea el ajuste, mayor será la carga argumental y documental.

Desde un punto de vista práctico, hay que evitar que los ajustes se conviertan en una forma de “fabricar” comparabilidad. Si las diferencias son demasiado importantes, puede ser preferible descartar el comparable y utilizar otro método. El artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades exige valorar a mercado, y los artículos 13 a 16 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades regulan el contenido de la documentación de operaciones vinculadas que debe permitir comprobar el análisis efectuado. Por ello, los ajustes deben poder explicarse con datos, no solo con argumentos genéricos.

Quinta alternativa: cambiar de método de valoración

La ausencia de comparables puede indicar que el método elegido no es el más adecuado. La Ley 27/2014 contempla distintos métodos de valoración para operaciones vinculadas. La elección debe responder a la naturaleza de la operación, a la información disponible y al grado de fiabilidad del resultado.

El método del margen neto operacional suele utilizarse cuando no hay comparables transaccionales directos, pero sí empresas independientes con un perfil funcional razonablemente similar. Aun así, no debe aplicarse de forma automática. Hay que seleccionar correctamente la parte analizada, el indicador de beneficio —por ejemplo, margen operativo sobre ventas, coste incrementado neto o retorno sobre activos— y el rango de plena competencia.

El método de distribución del resultado puede ser más adecuado cuando ambas partes realizan aportaciones relevantes y no rutinarias. Es habitual en modelos de negocio altamente integrados, explotación conjunta de intangibles, plataformas digitales, estructuras internacionales complejas o actividades en las que no resulta realista aislar una función rutinaria. Las Directrices de la OCDE de 2022 incorporan orientaciones específicas sobre este método, operaciones financieras e intangibles de difícil valoración, por lo que conviene tenerlas presentes cuando la operación tenga componente internacional.

Sexta alternativa: utilizar métodos de valoración económica

En determinadas operaciones, especialmente cuando afectan a participaciones, negocios, activos intangibles, ramas de actividad o reestructuraciones, puede ser necesario acudir a métodos de valoración económica. El artículo 18.4 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades admite, cuando los métodos previstos no puedan aplicarse adecuadamente, otros métodos y técnicas de valoración generalmente aceptados que respeten el principio de libre competencia.

Entre los métodos más utilizados se encuentran:

• Descuento de flujos de caja, especialmente en valoración de empresas, negocios o intangibles.
• Múltiplos de mercado, cuando existan transacciones o compañías cotizadas comparables.
• Métodos basados en royalties, como el relief from royalty, para valorar determinados intangibles.
• Métodos de coste, cuando el valor pueda aproximarse por reposición o reproducción, con cautelas.
• Análisis de opciones reales en proyectos con alta incertidumbre, si está justificado técnicamente.

Estos métodos exigen hipótesis financieras consistentes: previsiones de ingresos, márgenes, tasas de descuento, crecimiento, vida útil, riesgos, fiscalidad, inversiones y sensibilidad de resultados. En operaciones vinculadas, además, no basta con valorar “económicamente” el activo; hay que conectar esa valoración con lo que habrían pactado partes independientes en circunstancias comparables.

Por ejemplo, en una transmisión de participaciones entre socios o entidades vinculadas, un informe basado en descuento de flujos puede ser más defendible que una búsqueda de compañías supuestamente comparables en SABI. En ACTTAX trabajamos este tipo de situaciones mediante servicios específicos de valoración de empresas, valoración de participaciones sociales e informe de valoración de empresa.

Séptima alternativa: reforzar el análisis funcional y la sustancia económica

Cuando los comparables son escasos, el análisis funcional gana peso. La documentación debe explicar con precisión qué funciones realiza cada parte, qué activos emplea y qué riesgos controla y asume. Este análisis es esencial para seleccionar el método, determinar la parte analizada y justificar el reparto de beneficios o márgenes.

En la práctica, muchas controversias no nacen de la base de datos, sino de una descripción funcional insuficiente. Una filial puede presentarse como distribuidor rutinario cuando en realidad asume riesgos comerciales significativos, decide políticas de precios, gestiona clientes estratégicos y desarrolla intangibles locales. Del mismo modo, una sociedad que presta servicios intragrupo puede estar realizando funciones de dirección, desarrollo tecnológico o gestión de activos que no encajan en un simple margen sobre costes.

La documentación debe ser coherente con contratos, facturas, contabilidad, organigramas, correos, decisiones reales, poderes de firma y comportamiento efectivo de las partes. Las Directrices de la OCDE insisten en que la delimitación precisa de la operación es previa a la selección del método. En España, esta lógica se conecta con el artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y con las obligaciones documentales del Reglamento.

Si tu grupo presta o recibe servicios recurrentes, conviene revisar no solo el margen, sino también la realidad y utilidad de los servicios. Puedes ampliar este enfoque en nuestro servicio de servicios intragrupo.

Octava alternativa: valorar un acuerdo previo de valoración

Cuando la operación es recurrente, de importe elevado o especialmente compleja, puede tener sentido valorar un acuerdo previo de valoración con la Administración tributaria. El artículo 18.9 de la Ley 27/2014 permite a los contribuyentes solicitar a la Administración que determine, con carácter previo, la valoración de las operaciones efectuadas entre personas o entidades vinculadas.

Este tipo de mecanismo no es necesario para todas las empresas ni resulta práctico para operaciones puntuales de escaso importe, pero puede ser una herramienta útil en grupos con operaciones internacionales, intangibles relevantes, modelos de negocio complejos o políticas de precios de transferencia que se repetirán durante varios ejercicios. Su utilidad principal es reducir incertidumbre, siempre que la solicitud esté bien preparada y apoyada en un análisis económico consistente.

Antes de iniciar una vía de este tipo, conviene estudiar si la operación, el volumen económico, la información disponible y el calendario justifican el esfuerzo. En estos casos, solicitar un estudio personalizado permite valorar si es más eficiente preparar una documentación robusta, rediseñar la política interna o explorar una solución preventiva más avanzada.

Obligaciones documentales: qué debe conservar la empresa

La ausencia de comparables no elimina las obligaciones documentales. Para ejercicios iniciados en 2026, salvo modificaciones normativas posteriores, las obligaciones de documentación de operaciones vinculadas siguen reguladas por el artículo 18 de la Ley 27/2014 y por los artículos 13 a 16 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Con carácter general, la documentación debe permitir a la Administración comprobar que la valoración se ajusta al principio de plena competencia.

La documentación específica del contribuyente debe incluir, entre otros elementos, la descripción de la operación, identificación de las partes, análisis de comparabilidad, método de valoración elegido, justificación de su selección, criterios de reparto cuando existan, información económica utilizada y explicación de los valores o rangos obtenidos. Cuando no existan comparables, esta circunstancia debe explicarse de forma ordenada, indicando las búsquedas realizadas, los descartes efectuados y la alternativa aplicada.

El artículo 18.3 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que la documentación debe estar a disposición de la Administración tributaria a partir de la finalización del plazo voluntario de declaración o liquidación. También prevé reglas de simplificación y excepciones; por ejemplo, con carácter general, no será exigible la documentación específica para operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada cuando el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere 250.000 euros de valor de mercado, sin perjuicio de las especialidades y exclusiones que puedan resultar aplicables.

Además, determinados contribuyentes pueden estar sujetos a documentación simplificada, documentación normal de grupo o información país por país, según volumen de operaciones, cifra de negocios y pertenencia a grupos. La información país por país se vincula, con carácter general, a grupos con importe neto de la cifra de negocios consolidada igual o superior a 750 millones de euros, conforme al artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades. Los umbrales concretos deben revisarse en cada ejercicio y situación, porque la aplicación práctica depende del grupo, del tipo de operación y de las excepciones previstas en la normativa. Para evitar errores, es recomendable apoyarse en una guía de normativa española de operaciones vinculadas y en asesoramiento especializado.

Modelo 232: informar no equivale a documentar

Otro error frecuente es confundir el Modelo 232 con la documentación de precios de transferencia. El Modelo 232 de la Agencia Tributaria es una declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con jurisdicciones no cooperativas, pero su presentación no sustituye la obligación de disponer de documentación justificativa cuando resulte exigible.

Para periodos impositivos coincidentes con el año natural, el plazo general de presentación del Modelo 232 es el mes de noviembre del año siguiente al ejercicio declarado, porque la presentación se realiza en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la conclusión del periodo impositivo, conforme a la Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueba el modelo. Si el periodo impositivo no coincide con el año natural, el plazo debe calcularse atendiendo a la fecha de cierre.

En consecuencia, una empresa que cierre el ejercicio el 31 de diciembre de 2026 deberá revisar, con carácter general, su obligación de presentar el Modelo 232 en noviembre de 2027. Pero la política de precios de transferencia debería estar diseñada y soportada antes, no al final del proceso. ACTTAX puede ayudarte tanto con la presentación y asesoramiento del Modelo 232 como con la preparación del soporte documental.

Cómo defender una política sin comparables perfectos

En precios de transferencia, la defensa no depende de encontrar comparables perfectos, porque en muchos casos no existen. Depende de construir un expediente coherente. Una política defendible debería responder, como mínimo, a estas preguntas:

• ¿Cuál es exactamente la operación vinculada y qué se está valorando?
• ¿Quiénes son las partes y cuál es su relación de vinculación conforme al artículo 18 de la Ley 27/2014?
• ¿Qué funciones, activos y riesgos corresponden a cada parte?
• ¿Qué método se ha elegido y por qué es el más adecuado?
• ¿Qué búsquedas de comparables se han realizado y con qué resultado?
• ¿Por qué se descartan determinados comparables o métodos?
• ¿Qué fuentes alternativas se utilizan y por qué son fiables?
• ¿Qué hipótesis económicas sustentan la valoración?
• ¿El resultado es coherente con la conducta real de partes independientes?
• ¿La documentación contable, contractual y fiscal cuenta la misma historia?

Si el expediente responde bien a estas preguntas, la falta de comparables en SABI o Amadeus deja de ser un punto débil automático y se convierte en una circunstancia técnica explicada. En cambio, si no existe análisis funcional, si el método se elige por conveniencia o si las fuentes alternativas no son verificables, el riesgo de ajuste aumenta.

Casos habituales en los que conviene abandonar la búsqueda estándar

Hay situaciones en las que insistir en bases de datos generalistas suele aportar poco valor. Algunas de las más frecuentes son las siguientes:

• Cesión de intangibles únicos: marcas, software, know-how o tecnología desarrollada internamente. Puede requerir métodos basados en flujos, royalties o reparto de beneficios.
• Financiación intragrupo compleja: préstamos subordinados, cash pooling, garantías, financiación convertible o estructuras con riesgo elevado. Puede exigir análisis crediticio específico.
• Reestructuraciones empresariales: traslado de funciones, riesgos, clientes o intangibles. Puede requerir valoración de compensaciones de mercado.
• Empresas en pérdidas o start-ups: las bases de datos pueden no reflejar bien fases iniciales, inversión en crecimiento o modelos escalables.
• Servicios intragrupo estratégicos: dirección, tecnología, desarrollo de negocio o gestión de activos. No siempre encajan en un margen rutinario sobre costes.
• Transmisiones de participaciones: suele ser más adecuado un informe de valoración que una simple comparación de ratios contables.

En todos estos casos, el enfoque debe ser preventivo. Esperar a que exista una comprobación limita la capacidad de reconstruir información, justificar decisiones y conservar evidencias. Si estás preparando una operación singular, puedes solicitar un estudio personalizado antes de formalizarla.

El papel de las Directrices de la OCDE

Aunque la normativa española es la referencia obligatoria para contribuyentes residentes en España, las Directrices de la OCDE son una fuente interpretativa esencial en materia de precios de transferencia, especialmente en operaciones internacionales. La edición de 2022 incorpora orientaciones relevantes sobre análisis de comparabilidad, métodos de valoración, operaciones financieras, intangibles de difícil valoración y método de distribución del resultado.

El enfoque de la OCDE no exige una dependencia ciega de bases de datos. Al contrario, parte de la delimitación precisa de la operación y de la selección del método más apropiado. La búsqueda de comparables es una herramienta, no el fin del análisis. Cuando no existen comparables fiables, las Directrices permiten acudir a métodos alternativos siempre que el resultado sea consistente con lo que habrían acordado partes independientes.

Para profundizar en este marco, puedes consultar nuestra guía sobre las Directrices OCDE de precios de transferencia, especialmente útil para grupos con operaciones transfronterizas.

Errores que deben evitarse cuando no hay comparables

La falta de comparables puede llevar a decisiones precipitadas. Algunos errores son especialmente peligrosos desde el punto de vista fiscal:

• Usar comparables funcionalmente distintos solo para obtener una muestra mínima.
• Aplicar márgenes estándar sin fuente, sin análisis y sin conexión con la operación.
• Documentar después de la operación sin evidencias contemporáneas.
• Ignorar comparables internos que podrían ser más fiables que los externos.
• No explicar las búsquedas fallidas ni conservar criterios de selección y descarte.
• Confundir valor contable con valor de mercado, especialmente en participaciones, intangibles o activos singulares.
• Separar artificialmente operaciones integradas que deberían analizarse conjuntamente.
• No revisar el Modelo 232 pese a existir operaciones vinculadas informables.

Estos errores pueden derivar en ajustes de valoración, regularizaciones de la base imponible, intereses de demora conforme al artículo 26 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y sanciones cuando procedan. En materia de operaciones vinculadas, debe tenerse especialmente en cuenta el régimen sancionador específico previsto en el artículo 18.13 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para incumplimientos documentales, así como el régimen general sancionador de la Ley General Tributaria cuando exista perjuicio económico para la Hacienda Pública.

Conclusión: la ausencia de comparables no es el final del análisis

No encontrar comparables en SABI, Amadeus u otras bases de datos no implica que la empresa esté indefensa. Implica que debe elevar el nivel técnico del análisis. La normativa española permite seleccionar el método más adecuado y utilizar información alternativa siempre que se respete el principio de plena competencia, se justifique la metodología y se conserve documentación suficiente.

La clave está en no forzar comparables débiles. En muchas operaciones, una búsqueda fallida bien documentada, un análisis funcional sólido, fuentes alternativas fiables y una metodología económica coherente ofrecen una defensa mucho más robusta que una muestra artificial de empresas supuestamente similares. Esto es especialmente importante en intangibles, financiación intragrupo, servicios estratégicos, reestructuraciones y valoraciones de participaciones o empresas.

En ACTTAX ayudamos a empresas, grupos familiares y sociedades con operaciones vinculadas a diseñar políticas defendibles, preparar documentación, revisar el Modelo 232 y valorar operaciones complejas. Si tu empresa no encuentra comparables fiables o necesita justificar una operación singular, puedes contactar con nuestro equipo de servicios de asesoría fiscal y valoración o hablar con un asesor fiscal para analizar el caso con criterio técnico antes de que exista un problema tributario.