La erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) es uno de los retos fiscales transnacionales más relevantes para las haciendas públicas y la equidad de los sistemas impositivos a nivel global. Las prácticas BEPS, principalmente empleadas por grandes multinacionales, buscan trasladar artificialmente utilidades desde jurisdicciones de alta tributación hacia otras de fiscalidad reducida o nula, reduciendo la carga tributaria global de los grupos empresariales y afectando negativamente los ingresos públicos, en especial de países en vías de desarrollo.
Contexto y origen del Proyecto BEPS de la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha liderado la elaboración de un marco internacional para combatir la planificación fiscal agresiva. En 2015, la OCDE y el G20 publicaron el paquete BEPS, compuesto por 15 acciones dirigidas a cerrar lagunas normativas, evitar desajustes entre legislaciones nacionales y promover una fiscalidad más transparente y alineada con las actividades económicas reales.
Entre las principales medidas destacan las siguientes:
- Neutralización de los efectos de los instrumentos híbridos (Acción 2)
- Limitación de la deducibilidad de intereses (Acción 4)
- Reglas para contrarrestar la utilización abusiva de tratados (Acción 6)
- Precios de transferencia basados en sustancia económica (Acciones 8-10)
- Declaración país por país (CbCR, Acción 13)
- Instrumento multilateral (MLI) para la modificación simultánea de múltiples convenios bilaterales (Acción 15)
Estado actual de la implementación transnacional
1. Europa
La Unión Europea ha logrado avances significativos en la implementación coordinada de medidas BEPS. La Directiva Anti-Elusión Fiscal (ATAD I y II) incorpora en todos los Estados Miembros reglas relativas a híbridos, limitación de intereses y reglas generales anti-abuso. Además, la directiva DAC6 obliga a reportar determinados mecanismos de planificación fiscal potencialmente agresivos. La mayoría de los países europeos ha integrado la documentación obligatoria país por país y las nuevas directrices de la OCDE en materia de precios de transferencia.
Países como Francia, Alemania, España, Países Bajos e Italia han sido especialmente proactivos, emitiendo normativa nacional detallada, estableciendo sanciones ejemplares y reforzando la cooperación administrativa, aunque persisten discrepancias en criterios interpretativos y umbrales de aplicación.
2. América
En Latinoamérica, la implementación varía según el grado de institucionalidad tributaria y el nivel de presión fiscal. México y Brasil destacan por haber incorporado la CbCR y reglas anti-abuso inspiradas en el paquete BEPS, siendo México pionero en adoptar los estándares de la OCDE en precios de transferencia. Chile, Colombia y Argentina también han avanzado, si bien con diferencias en la adaptación de las recomendaciones, especialmente en la determinación de operaciones vinculadas e intangibles.
En Estados Unidos, aunque participó activamente en el diseño de BEPS, la legislación interna (Tax Cuts and Jobs Act) contiene medidas propias de lucha contra BEPS, como la GILTI y la BEAT, que difieren en algunos puntos clave respecto al estándar OCDE, lo que produce retos de interoperabilidad.
3. Asia-Pacífico
China, India, Japón y Australia han adaptado procedimientos y legislación siguiendo las 15 acciones BEPS, aunque priorizando cuestiones relevantes a su contexto (intangibles para India, compliance documental en China, reglas anti-híbridos en Australia y Japón). Sin embargo, aún persiste en la región la competencia tributaria, especialmente en ciertas jurisdicciones del sudeste asiático.
Singapur y Hong Kong, tradicionalmente considerados de baja tributación, han evolucionado hacia marcos legales más estrictos para atraer inversiones “sustantivas”, implementando las recomendaciones sobre substancia efectiva y reportes ampliados.
4. África y Medio Oriente
La adopción en estos territorios es más lenta, fundamentalmente por limitaciones técnicas y administrativas. Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos, no obstante, han instituido la CbCR y normas anti-elusión básicas, con asistencia técnica de la OCDE y organismos multilaterales.
Instrumento Multilateral (MLI): Implementación práctica global
El Instrumento Multilateral (MLI) ha permitido la revisión dinámica de más de 1,800 tratados de doble imposición, actualizando automáticamente cláusulas anti-abuso, métodos para evitar la doble imposición y reglas sobre establecimientos permanentes. Más de 90 países lo han firmado, aunque la ratificación y reserva de múltiples artículos introducen asimetrías relevantes.
Principales retos y tendencias hacia el futuro
- Homogeneidad vs. Adaptabilidad local: Si bien las acciones BEPS son de aplicación internacional, la flexibilidad de los países para adaptar recomendaciones provoca diferencias normativas (especialmente en interés deducible y definición de sustancia).
- Segunda fase (“BEPS 2.0” y Pilar 2): La aprobación reciente del “Pilar 2”, impuesto mínimo global del 15% a grandes grupos multinacionales, es probablemente la mayor innovación desde 2015 y su implementación es el foco de la estrategia 2024-2025, ya en proceso de transposición en la UE y varias economías del G20.
- Capacitación y cooperación administrativa: Se incrementa el intercambio automático de información, la digitalización del compliance y los auditores fiscales especializados en precios de transferencia.
Conclusiones
La implementación de las medidas BEPS de la OCDE es una realidad heterogénea que avanza hacia una mayor convergencia regulatoria, pero sigue marcada por diferencias regionales, operativas y técnicas. Europa encabeza la armonización y América, Asia y Oceanía avanzan a ritmos distintos, con mercados emergentes progresando en la medida que fortalecen sus capacidades administrativas.
La tendencia global se orienta hacia la tributación basada en la “presencia significativa”, la transparencia y el reporte obligatorio país por país. El éxito de BEPS dependerá en última instancia de la cooperación internacional efectiva, la estandarización de criterios y la capacidad de los países para afrontar las complejidades de la economía digital y la persistencia de nuevas formas de elusión fiscal.
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