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FISCAL Y TRIBUTARIO

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumba el modelo 720 que obliga a declarar bienes en el extranjero

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con fecha 27 de enero de 2022, ha supuesto una revolución en la declaración de bienes en el extranjero, considerando que la normativa fiscal española impone unas restricciones a la libre circulación de capitales “desproporcionales”. La Justicia europea demuele, de esta manera, el Modelo 720 en su totalidad, tanto el fondo, como sus cuantiosas multas.

Pero, ¿qué es el ‘Modelo 720’ y por qué genera tanta polémica en Europa?

El Modelo 720 exige a los contribuyentes sobre el deber de informar acerca de sus bienes en el extranjero, estableciéndose multas cuantiosas, que pueden llegar al 150%, por presentarlo fuera de plazo ante la Agencia Tributaria.

Números profesionales del ámbito tributario y fiscal consideraron entonces que semejantes multas eran una sinrazón desorbitada al contribuyente. Esta medida, entre otras, fue impulsada por el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro en plena guerra europea contra la elusión fiscal, y mantenida por la actual ministra, María Jesús Montero.

Muchos ciudadanos fueron afectados durante años ante el Modelo 720 con miedo a litigiar hasta una sentencia firme, optando por pagar las desproporcionadas sanciones y liquidaciones del IRPF. Y no es hasta ahora, que los afectados podrán recuperar, por parte de Hacienda, su dinero tras la sentencia del TJUE.

 

Sobre la existencia de una restricción de los movimientos de capitales

La apreciación del TJUE basada en su reiterada jurisprudencia, considera que restringen los movimientos de capitales las medidas impuestas por un Estado miembro que pueden disuadir a los inversores de ese Estado de realizar inversiones en otros Estados, o que pueden impedirles o limitar sus posibilidades de hacerlo.

Sigue el TJUE, estableciendo que, constituye una restricción a la libre circulación de capitales la no equivalencia respecto a declarar los bienes o derechos situados en el extranjero mediante el «modelo 720» y las sanciones vinculadas al incumplimiento total, incompleto o extemporáneo de dicha obligación en lo que respecta a los bienes o derechos situados en España, estableciéndose así, una diferencia de trato entre los residentes en España en función del lugar de localización de sus activos. Esta obligación puede disuadir a los residentes de ese Estado miembro de invertir en otros Estados miembros, impedirles hacerlo o limitar sus posibilidades de hacerlo.

 

Sobre la proporcionalidad de la calificación de los activos poseídos en el extranjero como «ganancias patrimoniales no justificadas», sin posibilidad de acogerse a la prescripción

Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, “el mero hecho de que un contribuyente residente posea bienes o derechos fuera del territorio de un Estado miembro no puede fundamentar una presunción general de fraude y evasión fiscal.” Considerando que la normativa española presume la existencia de un comportamiento fraudulento por la única razón de que concurren los requisitos que establece, sin conceder al contribuyente posibilidad alguna de destruir esa presunción.

Por otra parte, del artículo 39, apartado 2, de la LIRPF y del artículo 121, apartado 6, de la LIS se desprende que el incumplimiento o el cumplimiento extemporáneo de la obligación de información tiene como consecuencia la inclusión en la base imponible del impuesto adeudado por el contribuyente de las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos no declarados situados en el extranjero, incluso cuando esos bienes o derechos hayan entrado en su patrimonio durante un año o un ejercicio ya prescritos en la fecha en que debía cumplir la obligación informativa. En cambio, el contribuyente que ha cumplido en los plazos establecidos esta obligación conserva el beneficio de la prescripción respecto de las eventuales rentas ocultas que hayan servido para adquirir los bienes o derechos que posee en el extranjero.

De lo anterior se desprende no solo que la normativa adoptada por el legislador español produce un efecto de imprescriptibilidad, sino también que permite a la Administración tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente.

Sobre la proporcionalidad de la multa del 150%

La ley nacional sanciona el incumplimiento o el cumplimiento extemporáneo de la obligación de información con una multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los derechos o bienes situados en el extranjero. La Comisión Europea considera que tiene carácter automático y no graduable, además de que manifiesta que el legislador español estableció una restricción desproporcionada a la libre circulación de capitales.

El tipo de esta multa es, además, muy superior a los tipos progresivos de la multa establecida para el caso de declaración fuera de plazo de rentas imponibles en una situación nacional, que se elevan, según el retraso en que se incurra, al 5, al 10, al 15 o al 20% de los derechos adeudados por el contribuyente, y ello pese a que, a diferencia de esta última multa, que va a asociada al incumplimiento de una obligación de pago del impuesto, la multa del 150% únicamente sanciona el incumplimiento de una obligación formal de comunicar que, por lo general, no implica el pago de un gravamen adicional.

El TJUE recuerda que si bien corresponde a los Estados miembros elegir las sanciones que consideren adecuadas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas por su legislación nacional en materia de fiscalidad directa, están obligados, no obstante, a ejercer su competencia respetando dicho Derecho y sus principios generales, en concreto, el principio de proporcionalidad.

El TJUE pone de relieve que el tipo tan elevado de la multa le confiere un carácter “extremadamente represivo” y que puede dar lugar en muchos casos, dada la acumulación de aquella con las multas de cuantía fija previstas además por la disposición adicional decimoctava de la LGT, a que el importe total de las cantidades adeudadas por el contribuyente como consecuencia del incumplimiento de la obligación de información sobre sus bienes o derechos en el extranjero supere el 100% del valor de esos bienes o derechos.

Expone finalmente, que al sancionar el incumplimiento por el contribuyente de sus obligaciones declarativas relativas a sus bienes o derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 150% del importe del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de esos bienes o derechos, que puede acumularse con multas de cuantía fija, el legislador español ocasionó un menoscabo desproporcionado a la libre circulación de capitales.

 

Sobre la proporcionalidad de las multas de cuantía fija

Según la disposición adicional decimoctava de la LGT, los contribuyentes están obligados a suministrar a la Administración tributaria una serie de datos sobre sus bienes o derechos en el extranjero, entre ellos bienes inmuebles, cuentas bancarias, títulos, activos, valores o derechos representativos del capital social, fondos propios o patrimonio de todo tipo de entidades, así como seguros de vida e invalidez de los que dispongan fuera del territorio español. El hecho de que un contribuyente declare a la Administración tributaria datos incompletos, inexactos o falsos, no le facilite la información requerida o no lo haga en los plazos o formas establecidos será calificado como «infracción tributaria» y llevará aparejada la imposición de una multa pecuniaria fija de 5 000 euros por cada dato o conjunto de datos omitido, incompleto, inexacto o falso, con un mínimo de 10 000 euros, y de 100 euros por cada dato o conjunto de datos declarado fuera de plazo o no declarado por medios electrónicos, informáticos o telemáticos cuando existía obligación de hacerlo, con un mínimo de 1 500 euros.

Estas multas no pueden acumularse con las previstas en los artículos 198 y 199 de dicha Ley, que determinan con carácter general las sanciones aplicables a los contribuyentes que no cumplan sus obligaciones declarativas o lo hagan de manera imperfecta, extemporánea o sin observar las formas prescritas. Según dichos preceptos, siempre que no exista un perjuicio económico directo para la Hacienda Pública, la no presentación de una declaración en el plazo establecido se sancionará, salvo los casos particulares, con una multa pecuniaria fija de 200 euros, cuyo importe se reducirá a la mitad en caso de presentación fuera de plazo por el contribuyente sin requerimiento previo de la Administración Pública. La declaración de una declaración incompleta, inexacta o falsa se sanciona con una multa pecuniaria fija de 150 euros y la presentación de una declaración sin respetar las formas prescritas con una multa pecuniaria fija de 250 euros.

El TJUE se manifiesta sobre dichas multas de cuantía fija reguladas en la LGT y expone que el incumplimiento de declaraciones declarativas o puramente formales derivadas de la posesión por el contribuyente de bienes o derechos en el extranjero mediante la imposición de multas de cuantía fija son muy elevadas, ya que se aplican a cada dato o conjunto de datos, y, van acompañadas, según los casos de un importe mínimo de 1.500 o 10.000 euros y su importe total no está limitado. Estas multas pecuniarias fijas se acumulan, además, con la multa proporcional del 150% prevista en la disposición adicional primera de la Ley 7/2012, con la consideración final de que las multas pecuniarias fijas establecen una restricción desproporcionada de la libre circulación de capitales.

El fallo concluye con las obligaciones incumplidas por el Reino de España, en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo EEE:

‑      al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como «ganancias patrimoniales no justificadas» sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción;

‑      al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 150 % del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o derechos, que puede acumularse con multas de cuantía fija, y

‑      al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado.

 

 

Tras la trascendental Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Gobierno español reacciona minorando las multas del modelo 720 para adaptarse al régimen europeo.

El Gobierno decide mantener la Declaración de Bienes en el Extranjero con el Modelo 720, tras el histórico fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 27 de enero.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó que se modificarían, suavizando, los aspectos declarados ilegales por el TJUE, en concreto la imprescriptibilidad y las multas del 150% y de cuantía fija.

El PSOE ha propuesto una reforma del régimen sancionador del Modelo 720, aprovechando la tramitación de una reforma del Impuesto sobre Sociedades (IS) y el Impuesto sobre la Renta de los no Residentes (IRNR. Estas modificaciones están recogidas en seis enmiendas presentadas por el PSOE a la ley de asimetrías híbridas, que, si resultan aprobadas, modificarán las sanciones formales castigadas con multas fijas y las del 150% con el fin de adaptar el régimen jurídico del Modelo 720 a la legalidad europea.

En cuanto a la imprescriptibilidad, también quedaría eliminada.

La obligación de informar sobre los bienes y derechos situados en el extranjero del Modelo 720 continuará en vigor. En cambio, no habrá ganancia no justificada más allá de los cuatro años de prescripción generales establecidos para cualquier bien.

Respecto a las sanciones formales, castigadas con multas fijas por cada dato y acumulables, pasan a regularse por lo que establece el régimen general de la Ley General Tributaria, resultando estas multas de una menor cuantía, que van desde los 150 a los 250 euros.

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